El Gobierno de Asturias da un paso más para conseguir la eliminación del peaje del Huerna

El peaje del Huerna tiene en jaque desde hace años a los asturianos. La concesión para la construcción, conservación y explotación de esta autopista (AP-66) que atraviesa la cordillera cantábrica y conecta Asturias con León se otorgó 1975 a la empresa Aucalsa. Ocho años más tarde, en 1983, se abrió parcialmente y se completó ya en 1997 con los túneles. 

Sin embargo, en el año 2000, bajo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar la concesión se prorrogó por un periodo  29 años superior al previsto inicialmente, es decir, hasta 2050.

El Gobierno del Principado se ha comprometido a acabar con esta "injusticia" que es vista en esta región como un símbolo de desigualdad, pues supone un coste añadido para una región con pocas alternativas para entrar y salir por carretera. Desde el Ejecutivo regional tienen claro que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.

Esta misma semana, el Consejo de Gobierno ha dado un paso más hacia la supresión definitiva de este peaje, con la aprobación de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare nulo de pleno derecho el real decreto que permitió la prórroga. El acuerdo designa a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.

La decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo autonómico y acordada con la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje y cuenta con el apoyo de un extenso análisis elaborado por la secretaría general técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado.

Estos informes concluyen que la prórroga recogida en el Real Decreto 382/2000, de 17 de marzo incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al alterar de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975; generar una nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública; y vulnerar la normativa europea en materia de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE. Asimismo, recogen que fue aprobada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido, que otorgó beneficios económicos indebidos al concesionario y que produjo un  perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.

El Consejo Consultivo ha avalado punto por punto las tesis del Principado, confirmando  la existencia de vicios sustanciales y señalando que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ahora emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone el paso previo necesario para acudir a los tribunales si fuera necesario. 

Contraria al derecho de la UE

El pasado 17 de julio, la Comisión Europea (CE) ya concluyó que la prórroga de este peaje, al igual que la del de la  AP-9 en Galicia eran contraria al derecho de la Unión Europea, por haberse concedido sin licitación ni publicidad, vulnerando los  principios de igualdad y transparencia, utilizando de  forma indebida la excepción “in house”, y con la finalidad real de revalorizar la empresa pública Enausa de cara a su privatización.

Un negocio millonario

Según datos de la Federación Asturiana de Empresarios, desde su apertura hasta la actualidad, el peaje de Huerna ha recaudado más de 1.600 millones de euros y la cifra ascenderá hasta los 2.600 de llegar a 2025. El precio de transitar por esta autovía ha subido en los últimos años de forma considerable, pues ha pasado de los 10,60 euros que costaba en 2009 a los 15,60 que cuesta hoy. Sin embargo, solo una parte de lo recaudado se destina al mantenimiento.

Las quejas sobre esta carretera no han dejado de sucederse desde finales de 2024, pues las obras que se han venido ejecutando en la vía han llevado a establecer distintas limitaciones, pero la concesionaria ha seguido cobrando el peaje íntegro. 

La Plataforma Ciudadana Peaje Huerna No ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que la compañía devuelva el dinero. La entidad apoya su queja en una sentencai del Tribunal Supremo, relacionada con el peaje de la AP-9 que obligó a devolver lo cobrado durante las obras de ampliación del Puente de Rande. Asimismo, la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha abierto un registro para que los afectados puedan sumarse a la reclamación de la devolución de los peajes abonados desde que comenzaron las obras.