El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado elecciones en la comunidad para el próximo 13 de febrero. Tras más de 30 años al frente de la Junta, desde 1987, el PP ha decidido dar carpetazo a su primer gobierno de coalición durante tantos años al frente de la comunidad. En 2019, los populares perdieron las elecciones con 29 escaños frente a los 35 del PSOE, pero se aliaron con Ciudadanos para seguir en la Junta. Ahora, al más puro estilo Ayuso, Mañueco ha destituido a los cuatro consejeros naranjas, incluido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, justificándolo en una presunta “traición” de sus socios por pactar los Presupuestos para 2022 a sus “espaldas”.

Pero las cosas no están nada claras de cara a este 13 de febrero. Mientras el objetivo del PP es, sin duda, volver a conseguir la mayoría absoluta que no le haga depender de ninguna otra fuerza, el PSOE considera ésta una “magnífica” oportunidad para lograr el cambio que votó Castilla y León en 2019. Sin embargo, entra en juego el papel de las fuerzas regionalistas y de la ultraderecha.

Según fuentes de los partidos consultadas por este medio, se espera un notable ascenso de Vox, que en 2019 solamente consiguió un escaño, así como de las fuerzas regionalistas, que podrían concurrir y experimentar un importante y decisivo auge. La voz de la España Vaciada podría suponer una nueva ficha sobre el tablero de juego de las Cortes y tener un papel fundamental a la hora de formar gobierno.

El PSOE podría volver a ganar las elecciones y, de no ganar con mayoría absoluta, conseguir el apoyo de las diferentes fuerzas regionalistas que pueden concurrir a estas elecciones para sumar. A Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, que tienen cada una un procurador en las Cortes, se podrían sumar otras fuerzas ligadas a la España Vaciada, como Soria ¡Ya!, León Ruge, Segovia Existe, Burgos Enraíza o Ávila Resiste.

Por contra, el Partido Popular tendría difícil volver a formar gobierno con los posibles procuradores de Ciudadanos después de romper de esta forma el Gobierno de coalición que mantenían. Con Por Ávila, con quienes estaban negociando los Presupuestos y quienes no daban su brazo a torcer en sus exigencias para la provincia, las cosas tampoco están bien. Muestra de ello es el desacuerdo para los Presupuestos de 2022. No obstante, en la moción de censura que los socialistas presentaron en marzo, Por Ávila, al igual que Unión del Pueblo Leonés (ambos con un procurador) se abstuvieron y rechazaron apoyar la iniciativa socialista. Así, el PP tendría que abrirse a un acuerdo con la extrema derecha, tal como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, o buscar apoyo en los regionalistas que consigan llegar al parlamento.

Citas con la justicia y manchas de corrupción

El PP de Castilla y León, que no ha conseguido consumar un acuerdo con Por Ávila para fraguar los Presupuestos y haber evitado las elecciones, según el propio Mañueco aseguraba la semana pasada, que descartaba los comicios, tiene varios lastres que le encasillan los próximos meses de 2022. Por Ávila arrebató el Ayuntamiento de Ávila en las pasadas elecciones al PP tras décadas en sus manos. ¿En qué puesto quedarían los populares si hubiese sido Por Ávila quien consiguiese inversiones y compromisos de gran calado para la región? Esto jugó un papel fundamental en las negociaciones.

Respecto a la decisión de la convocatoria de elecciones para el próximo mes de febrero hay que tener en cuenta otras fechas importantes para el PP autonómico. Hay diferentes citas con la justicia que agitarían y perjudicarían los resultados de los populares. En Salamanca se está investigando un presunto delito de financiación ilegal del PP, donde altos cargos políticos y orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar. Fue en esas votaciones en las que Mañueco consiguió llegar al liderazgo del PP de Castilla y León. Será el 17 de enero cuando declaren el presidente del PP de Salamanca, la gerente y el partido en calidad de imputados.

A esta fecha hay que sumar el juicio sobre Perla Negra, caso en el que se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, que comenzará el 14 de marzo. En este caso figuran imputadas doce personas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía, y el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera tendrá que declarar como testigo.

Además, tres de los procesados, Rafael Delgado, los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo también están inmersos en la denominada Trama Eólica, otra trama corrupta en la comunidad que está siendo investigada en la actualidad.

En el caso de la Trama Eólica, la Fiscalía pide penas de hasta 42 años de cárcel y 239 millones de multa para ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados y se ha exigido una fianza de 24,1 millones de euros a la Junta por ser considerada como responsable civil subsidiaria.

Adelantando las elecciones al 13 de febrero, el PP consigue evitar una campaña electoral marcada por todos sus encuentros con la justicia por los presuntos casos de corrupción que se han llevado a cabo en la comunidad a lo largo de sus décadas en la Junta. La suerte está echada para el PP, que confía en dar la vuelta a los resultados electorales de 2019 y, además, no necesitar el apoyo de ninguna otra fuerza parlamentaria.