La paciencia de Vox parece empezar a agotarse. O al menos, a dar muestras de inquietud. Si el miércoles el partido ultra mostraba su disgusto por la falta de determinación del Gobierno andaluz para impulsar la sustitución de la Ley de Memoria por una Ley de Concordia, anoche era personalmente su líder nacional Santiago Abascal quien mandaba este mensaje al PP desde su cuenta de Twitter:
"El PP ya empieza a incumplir lo pactado con VOX en Andalucía con excusas de mal pagador. La Consejería de Sanidad tiene los pasaportes de 52.000 ilegales y no se los da a la Policía, que los reclama para poder expulsarlos. El cambio no se sostiene sobre la mentira y la ilegalidad".
Al fundador y presidente del partido de extrema derecha no le gustó que el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, echara balones fuera en un asunto tan sensible para Vox limitándose a repetir que las competencias de repatriación son de la Administración central y no de la autonómica.
No piensa lo mismo la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez, que, además de proclamar la sensibilidad de su grupo por el "dolor" y el drama de los inmigrantes, acusó al Gobierno de Juanma Moreno de “ocultar los datos” y no hacer nada contra “el efecto llamada”.
Hasta ahora, el Gobierno ha logrado torear como buenamente ha podido al morlaco ultra con ese mismo argumento reiterado ayer por Bendodo: la Junta colaborará con la Policía en todo lo que ésta reclame, sí, pero mientras tanto los médicos y el resto del personal sanitario se limitarán a atender con profesionalidad y según la ley a las personas que necesiten sus servicios.
