No, no son demócratas, ni tampoco sus partidarios o secuaces, los políticos secesionistas catalanes. Sin votaciones no puede haber democracia, pero con ellas puede haber una dictadura como vemos en la mayoría de los países del mundo. La elección libre de nuestros representantes es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático y sin duda legitíma de inicio cualquier organización política que tengamos pero no es suficiente si falta lo principal, que es el respeto a las minorías y a las leyes y normas políticas adoptadas democráticamente.

Sí, ya sé que parece un bucle sin salida si tú lo que deseas es conseguir la independencia de Cataluña cuando tú creas que hay una mayoría suficiente para ello o impedir que gobierne  quién tu crees que no debe hacerlo porque a ti te parece que ha hecho trampas, aunque conforme a los procedimientos previstos en las leyes vigentes haya  sido elegido presidente de forma clara. De considerar admisible esta lógica, no tendríamos que pagar impuestos ni cumplir las normas sanitarias establecidas por los gobiernos si no estamos de acuerdo con las leyes que establecen estas obligaciones ciudadanas y bien sabemos que no es así porque como decía mi bisabuelo parafraseando a Talleyrand “lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”. Es imposible e irresponsable considerar que basta una mayoría de votos en un proceso electoral, sin ningún quorum previo, para violar la Constitución española y declarar la secesión “pacífica” de un territorio. Ni aunque el cien por cien de todos los catalanes lo quisiera  se puede hacer sin la aprobación de las Cortes Generales, es la ley y punto. Otra cosa es el derecho que tienen a querer la independencia porque vivimos en libertad, pero a lo que no tienen derecho es a imponerla fuera de la ley y contra la Constitución Española de 1978, que es la garantía de las libertades ciudadanas.

Si, en los países más democráticos del mundo hay leyes que permiten sancionar a quien infringe cualquier norma y en los caso que las leyes prevén tribunales que juzgan a ciudadanos por saltarse las leyes y cárceles para que cumplan las condenas que en sus sentencias razonadas  y con todas las garantías procesales el sistema judicial ha decidido, es porque si las cosas no se hicieran así estaríamos sometidos a la ley del más fuerte y no seríamos ciudadanos libres y con derechos, por eso no se puede admitir que quien incumpla las leyes pueda quedar impune en base a cualquier argumento de conveniencia por muchos partidarios que tenga ya sea Juan Carlos I, Trump, Puigdemont o Messi.

No, los ciudadanos no podemos saltarnos las normas a nuestro criterio porque vivimos en estados de derecho donde rige el imperio de la ley y no la mal llamada ley de la selva y este imperativo necesario para la convivencia obliga aún más a los políticos y sobre todo a los gobernantes que al acceder a sus puestos de mando se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes y eso vale para Trump, para Torra y hasta para los políticos secesionistas “un poquito” presos a la vista del tiempo que están fuera.

Por todo ello no entiendo que si muchos de  los airados norteamericanos que asaltaron el Capitolio están detenidos en prisión preventiva a la espera de juicio en aplicación del título 18, sección 2.384  del código penal (US Code) que establece condenas de hasta 20 años para el acto público y violento de sedición que cometieron delante de todo el mundo, no esté Trump en la misma situación procesal pues fue él quien los convocó para esa acción y quien los arengó una vez reunidos antes del asalto, ya que ahora es un ciudadano más, despojado ya de la abusiva  inmunidad que le otorgaba el cargo de presidente y ello sin perjuicio de la improbable condena política  a la que lo están sometiendo los legisladores  atacados por las turbas.

En España, otros políticos irresponsables se saltaron las leyes, declararon la independencia de Cataluña imponiendo sus deseos a  los demás, violando su deber de cumplir y hacer cumplir  las leyes, ejerciendo el tipo de violencia más sibilina y dañina a nuestras libertades, porque si los gobernantes  violan las leyes cómo podrán imponer el cumplimiento de las mismas  que es la garantía de nuestros derechos y libertades.

Ora cosa es si una persona juzgada con sentencia firme y cumpliendo condena puede ser indultada por el gobierno si este considera que esa decisión contribuye a  la paz social o a lo que sea y por supuesto que mi criterio es siempre favorable a que los penados una vez cumplida parte de la condena que justamente se les impuso y tras su compromiso de no volver a hacerlo puedan ser puestos en libertad, como se ha hecho con delincuentes de guante blanco o asesinos terroristas, tanto me da, pues será una prueba más de la superioridad de la democracia y el imperio de la ley.

¡Ah¡ que no están arrepentidos, que volverían a hacerlo, pues nada de nuevo al trullo, aunque se cabree la mayoría de los catalanes, que no creo, en eso soy muy británico.

(*) Juan María Casado es profesor jubilado de la Universidad de Córdoba.