Se tensan de nuevo en Andalucía las relaciones entre el PP y Vox, aunque esta vez quien más visiblemente tira de la cuerda es la dirección nacional del partido ultra, descontento con el funcionamiento del pacto andaluz.

Al contrario de lo sucedido en Andalucía, Vox exige ahora negociar con el PP pero también con Ciudadanos los futuros gobiernos de ciudades y comunidades donde sus votos son decisivos. Y para demostrar que va en serio ha lanzado un órdago en Andalucía: enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de 2019, lo que supone una amenaza en toda regla.

Su presidente en Andalucía y diputado en el Parlamento, Francisco Serrano, glosaba ayer en tono amenazante este titular de El Confidencial sobre la posición de Ciudadanos: ‘Rivera silencia a los críticos y reta a Vox: pacto a la andaluza o gobernará la izquierda’. Y así interpretaba Serrano la vuelta de tuerca de los naranjas: “Tanto menosprecio hacia VOX le puede salir muy caro al PP, a Pablo Casado y a muchos españoles que esperaban desbancar a la peor de las izquierdas. Ello sabrán...”.

Sus seguidores en Twitter acogían con júbilo la advertencia del juez de Familia. He aquí algunos de sus comentarios: “¡Chaquetas Marín”. “Que gobierne la izquierda y que lo disfruten. En las próximas se pensarán más a quién votan”. “Ciudadanos son socialistas, su socio natural es el PSOE que pacta con indepes y etarras”. “Lo peor es seguirle el juego a la veleta naranja, ya sabemos de qué están hechos”.

Uno de los asuntos que puede generar más problemas de entendimiento con Vox para sacar adelante los Presupuestos andaluces es el de la memoria histórica. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, reiteró ayer que destinará 1,6 millones de euros a este capítulo priorizando las exhumación de fosas y las identificaciones con pruebas de ADN.

Aunque Vox ha dicho que esas partidas suponen un incumplimiento del pacto de 37 puntos firmado con el PP, lo cierto es que en el documento no hay mención expresa a tales ayudas públicas. La única mención al respecto es el punto 33, que dice lo siguiente: “Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”.

Vox interpreta que el punto 9 del acuerdo debe aplicarse a las partidas de memoria, aunque su ambigua redacción se presta a múltiples interpretaciones. Dice así: “Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social".