El lenguaje corporal de los diputados de Vox que comparecieron este lunes ante la prensa para anunciar el órdago a los Presupuestos del Gobierno andaluz no ha sido precisamente amenazante. Tampoco lo han sido las frases utilizadas para mostrar su disconformidad con el proyecto de cuentas públicas remitidas el pasado viernes al Parlamento por el Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Los diputados Alejandro Hernández, Manuel Gavira y Rodrigo Alonso parecían estar cumpliendo disciplinadamente, pero sin entusiasmo, una dolorosa misión encargada por sus superiores desde el centro de mando de Vox. Sus gestos eran mucho más los del soldado pesaroso de tener que llevar a cabo su cometido que los del activista enardecido por el desdén de los privilegiados que están donde están gracias a él y que deberían, por tanto, mostrarle más respeto.

Fechas que carga el diablo

Pero si la gestualidad y las palabras de los diputados de Vox eran severas, mas no no desafiantes, durante esa rueda de prensa, las del consejero de Hacienda Juan Bravo y el diputado del PP Pablo Venzal un rato después tampoco eran las de quienes se sienten alarmados porque ven peligrar algo tan valioso como la primera Ley de Presupuestos de Andalucía elaborada por un Gobierno no socialista.

Si se exceptúa la inconveniencia de mencionar la fecha del 18 de julio cuando se está hablando de algo que afecta a Vox, que es lo que hizo Bravo al recordar que ese era el día previsto para aprobar los Presupuestos, la comparecencia del consejero en la Comisión de Hacienda del Parlamento no fue la de alguien particularmente alarmado o siquiera preocupado por el destino de su proyecto presupuestario.

Bravo se mostró convencido de que será posible encontrar “puntos de encuentro” con la formación ultra. Y con el mismo tono de confianza se expresó el diputado popular Pablo Venzal, que apeló a la “responsabilidad y altitud de miras” de Vox para no truncar el cambio andaluz.

El dilema de Ciudadanos

Los diputados de Vox advirtieron que tendrán que sentarse a negociar con ellos tanto PP como Ciudadanos. Este último partido siempre se ha negado a mantener cualquier negociación con la extrema derecha, aunque no haya hecho ascos a los votos que le han permitido entrar por primera vez en un Gobierno autonómico.

El propio Comité Ejecutivo de Ciudadanos se pronunciaba este lunes en el mismo sentido: el partido naranja no compartirá gobiernos con Vox ni alcanzará acuerdos políticos con ellos.

Será interesante ver cómo esquiva el vicepresidente Juan Marín las exigencias de Vox de sentarse a negociar sin poner en riesgo la estabilidad del Gobierno que preside Juanma Moreno. Y también lo será ver cómo se las arregla Ciudadanos en toda España para entregar al PP ayuntamientos y comunidades donde será imprescindible la negociación con Vox.

Cabe recordar que la formación de extrema derecha se muestra dispuesta a entrar en los gobiernos municipales o regionales que apoye porque la experiencia andaluza de apoyar al Ejecutivo desde fuera no les está resultando satisfactoria.

Un socio dócil

Para el Gobierno de Moreno, Vox no ha supuesto hasta ahora ningún problema. El acuerdo de 37 puntos firmado con ellos en enero fue fácil de negociar y muy favorable a los intereses del PP. Es más, a la hora de evaluar su grado de cumplimiento por el Ejecutivo, Vox ha venido mostrándose bastante indulgente ante la laxitud exhibida por sus socios de investidura.

La pregunta que el movimiento táctico de Vox ha dejado este lunes sobre la mesa es si las cosas van a seguir siendo para el presidente tan fáciles como lo han venido siendo hasta ahora. Es obvio que el partido ultra ha decidido dar una vuelta de tuerca, pero una cosa es apretar y otra muy distinta ahogar. Y en el PP reina el convencimiento de que Vox no quiere ahogar al primer Gobierno conservador de la historia democrática andaluza.

Al mismo tiempo, los populares dan por hecho que los dos partidos de la izquierda no querrán votar con Vox en algo tan trascendental como la Ley de Presupuestos. PSOE y Adelante Andalucía suman 50 diputados, frente a los 47 de PP y Ciudadanos, de manera que si las formaciones de izquierda rechazaran conjuntamente el proyecto y Vox se abstuviera, los votos favorables de los dos partidos del Gobierno no serían suficientes para salvar las cuentas. De un modo u otro, PP y Ciudadanos se verán obligados a ceder.