Hasta ahora han ido ganado tiempo, pero Vox empieza a perder la paciencia con sus socios del PP a cuenta de la Ley de Memoria Democrática, que ambos partidos se comprometieron por escrito no a modificar, sino literalmente a “sustituir” por una Ley de Concordia que ni el PP tiene prisa alguna en impulsar ni nadie en la Cámara sabe en qué consistiría exactamente dicho impulso.

El enfado del partido de ultraderecha este miércoles con el PP ha sido porque los socialistas lograron sacar adelante en la Comisión de Educación una Proposición No de Ley que se votará mañana en el Pleno instando al Gobierno andaluz a desarrollar la actual Ley de Memoria Democrática. PP y Ciudadanos no votaron en contra la de la iniciativa, sino que se limitaron a abstenerse, lo cual ha encabritado a la formación ultra.

Cómo escabullirse

Su portavoz, Alejandro Hernández, argumenta no sin razón que no tiene sentido desarrollar una ley que se va a derogar, puesto que así se contempla en el acuerdo de investidura firmado con el PP.

Este, por su parte, intenta escabullirse como puede de las prisas de Vox y, por boca de su portavoz José Antonio Nieto, ha apelado hoy vaguedades como que su partido “tiene una larga tradición en el cumplimiento de las leyes, las que nos gustan y las que no", una explicación que obviamente no ha satisfecho a Hernández.

El portavoz ultra dejó clara su advertencia: "Le haremos notar al PP nuestro disgusto por su actitud en ese punto concreto del acuerdo firmado". Si la Junta insiste en desarrollar la ley "se encontrará con la oposición frontal" de Vox.

Tenemos un problema

El PP sabe que tiene con la memoria histórica un problema insoluble, y de ahí su interés en darle darlas. Insoluble porque su socio de gobierno Ciudadanos ha dicho que la actual de la Ley de Memoria –aprobada en su día sin ningún voto en contra– solo se cambiará si hay unanimidad de todos los partidos, algo que, obviamente, ni hay ni habrá puesto que el PSOE y Adelante Andalucía no están ni estarán por la labor.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, fue muy clara la semana pasada: su Gobierno cumplirá la ley actual, “como no puede ser de otra manera”, y añadía algo que a Vox debió de saberle a cuerno quemado: “Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, esto no es cuestión de ideología, sino de humanidad”.

El Presupuesto

Del Pozo solo podrá cumplir su compromiso con ayudas públicas a las familias y las asociaciones de memoria para recuperar los restos que hoy yacen en fosas comunes, pero esas ayudas públicas deberá recogerlas la Ley de Presupuesto de 2019 que PP y Ciudadanos quieren llevar al Parlamento después de las elecciones del 28 de mayo.

¿Se opondrá Vox a consignar una partida presupuestaria para lo que ellos llaman ‘reabrir heridas’? ¿Hará de esta cuestión una línea roja infranqueable? Si es así, el PP tendrá un problema para sacar adelante los Presupuestos.