La nota oficial que Adelante Andalucía ha distribuido hoy a los medios lleva impreso el logotipo de Adelante, pero es poco probable que los seis diputados de la confluencia que militan en Izquierda Unida o los miembros de la dirección andaluza de Podemos compartan ni su contenido ni el momento de hacerlo público.

El comunicado daba cuenta del documento de propuestas que Adelante dirigido al Gobierno de España de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Su presentación ha corrido a cargo este lunes de tres personas afines a la presidenta del grupo, Teresa Rodríguez, enfrentada a su vez a las direcciones regionales de IU y Podemos: la portavoz parlamentaria Ángela Aguilera, la senadora y líder de Primavera Andalucista Pilar González y el coordinador nacional de Izquierda Andalucista Antuán Vargas.

Entre sus propuestas, el documento incluye la exigencia al Gobierno del cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, que establece una inversión para Andalucía equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado.

Para ello, el sector crítico de Adelante considera “crucial” abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. La reclamación fiscal de Adelante es similar a la propugnada por los soberanistas catalanes: “El establecimiento de un marco bilateral en materia fiscal impulsando un concierto económico con el Estado, de manera que sea la Hacienda Andaluza la agencia de recaudación del conjunto de los tributos”, ya que “el control de los recursos y una fiscalidad propia permitirán crear el marco óptimo para garantizar la financiación y establecer políticas fiscales destinadas a fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo”.

Entienden desde Adelante que el incumplimiento durante los últimos años de del criterio de población, “avalado por los andaluces, ha generado una nueva deuda histórica que cifrada en 6.000 millones, por lo que, además, es imprescindible la puesta en marcha de un calendario de liquidación para financiar un nuevo modelo productivo sostenible y estable para la comunidad autónoma, así como la realización de una auditoría que clarifique el peso de Andalucía en la balanza fiscal del Estado”.

Lo llamativo del documento es la contundencia con que plantea sus reivindicaciones a un Gobierno central que, al menos sobre el papel, tiene el mismo color político que los diputados andaluces que lo presionan. La exigencia de que el Ejecutivo respete en los PGE de 2021 el peso poblacional de Andalucía será bien vista por el PP andaluz, que nunca tuvo prisas para exigir esa cuota de inversiones cuando quien presidía el Gobierno era Mariano Rajoy, pero sí las tiene desde que el presidente es Pedro Sánchez.

El documento presentado incluye “un ambicioso plan de conexión ferroviaria, un plan de choque para combatir al actual situación de desempleo, o la recuperación de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir”. Sus 15 puntos tienen como objetivo último contribuir a la construcción de “un nuevo modelo productivo autóctono capaz de mantenerse a salvo ante crisis económicas externas y generar empleo de calidad”.