Este martes el nuevo barómetro -y último antes de las elecciones- del Centra ha arrojado algunas lecturas interesantes. Entre ellas, una estimación de voto que sitúa al PP de Moreno Bonilla con serias posibilidades de perder la mayoría absoluta que actualmente ostenta, otorgándole una horquilla de entre 54 y 56 diputados (la mayoría está en 55). Asimismo, la estimación de voto también ha evidenciado un retroceso de las izquierdas, según el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Un retroceso donde quien más sube es Adelante Andalucía (1,7% respecto a 2022), pero que no vería representado esa subida en escaños, ya que alcanzaría entre 2 y 3.
Sea como fuere, el Centra también ha arrojado un cada vez más consolidado paisaje social, donde los andaluces han dejado atrás su histórica preocupación en la falta de trabajo, que sigue situándose en el 21,5% (y en tercer lugar), para que los problemas que más le preocupe a la ciudadanía andaluza sean la Sanidad y el Acceso y precio de la vivienda (21,8% y 21,6% respectivamente). En diciembre de 2025, esta misma pregunta obtuvo las siguientes respuestas: Sanidad (22,2%), precios elevados (13%) y falta de trabajo (11,1%). En tan solo seis meses, Sanidad se mantiene en primer lugar, pero vivienda escala hasta situarse en la segunda preocupación y la falta de trabajo también se dispara.
Estas dos competencias son plenamente autonómicas. Es decir, que están gestionadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla. La sanidad es el indicador que más desgasta al Ejecutivo popular, y que cada vez se hace más evidente. La última crisis que sufrió el Gobierno andaluz, que obligó a la reestructuración de la misma, fue la de los cribados de cáncer de mama. Una crisis que se cobró, en términos políticos, el cargo de la consejera del ramo, Rocío Hernández, y dio paso a un reajuste por la que pasó a estar incluida en una macroconsejería, compartiendo competencias con Presidencias y Emergencias, al mando de Antonio Sanz.
En vivienda, la oposición ha criticado durante los últimos cuatro años que Moreno Bonilla no aplicase la normativa estatal para limitar los precios de los alquileres. Por otra parte, el equipo que dirige Moreno Bonilla presentó el pasado año su propio proyecto de Vivienda. Una ley que, pese a que el Gobierno andaluz defiende su utilidad para favorecer la construcción de VPOs y viviendas accesibles para la ciudadanía, ha sido rotundamente rechazada por la oposición y los principales sindicatos y asociaciones civiles, entendiendo que se trata de un proyecto que está diseñado para beneficiar económicamente a una minoría (promotores y especuladores de vivienda).
Vivienda
En el aspecto de vivienda, Andalucía ha registrado en 2025 el mayor aumento en el precio de la vivienda desde 2007, un 13,1%. Según el INE, Andalucía se situaría como la quinta comunidad autónoma en el aumento del precio de la vivienda, situándose por encima de la media nacional (12,7%). Esto, en una comunidad que ostenta la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) más alta de España (27,7%), con un salario medio bruto entre 17.949 y los 19.205 euros, según datos de 2024 de la propia Junta de Andalucía y con una tasa de paro (a diciembre de 2025) del 14,7%, la más alta del resto de comunidades.
Por tanto, las críticas de los diferentes colectivos civiles, sindicatos e incluso oposición política, han sido ejecutadas en términos similares. La Ley de Vivienda ha recibido severas críticas por tener un enfoque "profundamente mercantilista". Durante una comparecencia en comisión parlamentaria para presentar alegaciones al texto, FACUA Andalucía advirtió de que la normativa obvia la "función social" de la vivienda, orientándose más hacia la especulación inmobiliaria que hacia la garantía de un derecho fundamental para la ciudadanía.
Uno de los aspectos más criticados por la organización es la desprotección del parque público. Según FACUA, la ley deja en el aire y al arbitrio de futuros planes coyunturales cuestiones tan vitales como la "duración del régimen de protección de las viviendas y su descalificación", sin establecer límites legales que blinden su "carácter social a largo plazo". Ante la escalada de precios, la asociación exige la creación urgente de un parque de vivienda público y estable que actúe como un verdadero mecanismo corrector frente a las tensiones del mercado privado.
Finalmente, la federación también criticó su desconexión con los problemas reales de los colectivos más desfavorecidos y de los municipios andaluces. Por un lado, alerta de que el enfoque punitivo frente a la ocupación ignora las causas de vulnerabilidad extrema, castigando a familias a las que la propia Administración no ofrece alternativas habitacionales. Por otro, lamenta que el texto nazca ciego ante el reto demográfico, al no contemplar medidas específicas para fomentar la vivienda en zonas rurales, ni incentivos para rehabilitar inmuebles adaptándolos a las necesidades de una población cada vez más envejecida.
Sanidad
Segín el último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Andalucía registra la peor valoración de todo el país respecto de su sistema sanitario público, con apenas un 38,8% de opiniones positivas sobre el funcionamiento del sistema. La media nacional se sitúa bastante lejos, en el 51,6%. Asimismo, se mantiene sustancialmente lejos de la comunidad mejor valorada, Cantabria, con un 66,4% de valoración favorable.
Uno de los factores que explica este suspenso generalizado es el tiempo de espera para acceder a la Atención Primaria. Andalucía se sitúa a la cola con una media de 11,16 días para conseguir cita con el médico de familia cuando no se obtiene en el mismo día o al siguiente.
De esta forma, se trata del peor dato de España, por encima de la media nacional (9,15 días) y muy lejos de comunidades como el País Vasco, donde la espera se reduce a menos de cinco días. La Atención Primaria, precisamente el servicio más utilizado por la ciudadanía, más del 80% de la población recurre a él, presenta además niveles de satisfacción inferiores a otras regiones. Aunque a nivel estatal el 80,4% de los usuarios valora positivamente la atención recibida, Andalucía se sitúa entre las comunidades con peores resultados.
Este retraso estructural no solo afecta a la calidad percibida, sino que tiene consecuencias directas en la detección precoz de enfermedades y en la sobrecarga del sistema hospitalario.
Pese a este contexto crítico, el informe deja un dato clave: la mayoría de la ciudadanía sigue confiando en la sanidad pública. A nivel nacional, el 73,9% de los ciudadanos prefiere la hospitalización en el sistema público frente al 23,9% que opta por la privada. Este respaldo se mantiene incluso en comunidades con peor valoración, como Andalucía, donde la ciudadanía diferencia entre el funcionamiento actual del sistema y su modelo ideal.
