La crisis de los cribados de cáncer de mama estalló a finales de septiembre de 2025. Este hecho, en términos políticos, supuso el mayor frente al que se tuvo que medir el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Las consecuencias de su modelo de gestión provocaron que miles de mujeres no fueran informadas de que las mamografías que se habían realizado habían resultado dudosas. Como consecuencia, cientos de ellas desarrollaron cáncer de mama, según ha denunciado Amama, e incluso alguna de ellas con metástasis, como la onubense Alicia.

Además, estas semanas hemos conocido dos hechos que agravan aún más la gestión que desde el Partido Popular se ha prestado a dicha situación. En concreto, los dos informes realizados por los profesionales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados, según el Gobierno andaluz, en los que alertaban de que la unidad de mamografías estaba sumida en un colapso. Estos informes se realizaron en 2023 y en 2025, y uno de sus firmantes fue el entonces jefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, cesado por Moreno durante la crisis. Aunque realmente Castell fue uno de los profesionales que alertó hasta en dos ocasiones de que la falta de personal y de recursos estaba provocando un atasco de miles de pruebas, entre ellas, 6.000 mamografías en abril de 2025. En total, más de 50.000. 

Con este contexto se produjo la crisis de los cribados. Sin embargo, en mitad de esa ola de remodelaciones realizadas por Moreno Bonilla para demostrar que estaba actuando, se produjo una que no se ha terminado de considerar hasta el momento. Como consecuencia derivada de este hecho, Moreno cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández. Tras varias semanas de vacío en el cargo, el presidente nombró como consejero de Salud a su hombre fuerte en el Gobierno, Antonio Sanz, que albergaba las competencias compartidas de Presidencia y Emergencias, a las que a la postre sumaría las de Sanidad, para recibir y reducir la crisis de los cribados, al menos en términos comunicativos y políticos.

Sin embargo, este gesto fue doble, porque en esa remodelación Moreno aprovechó la coyuntura para ejecutar un movimiento hasta el momento inédito en la Junta de Andalucía. De facto, reducir el poder y la autonomía del departamento de Salud. Mediante el Decreto 168/2025 del 5 de noviembre, la histórica consejería fue despojada de su estatus y rebajada a la categoría de Viceconsejería, pasando a depender directamente de un macrodepartamento rebautizado como Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, tal y como ha denunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Lejos de reforzar la estructura sanitaria tras evidenciarse estas deficiencias el Gobierno andaluz optó por diluir su peso institucional. Esta decisión transmite el mensaje de que la Salud no requiere de políticas específicas y diferenciadas, sino que puede gestionarse como un apéndice más de una consejería, castigando así a la propia estructura sanitaria por los errores de gestión del Ejecutivo.

En la práctica, esta reestructuración tiene un hondo calado simbólico. Moreno ha integrado Salud como un departmamento 'menor', agrupado junto a Presidencia y Emergencias. La realidad es que Sanidad pierde de este modo la histórica capacidad de liderar una voz propia e independiente dentro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que se aúna dentro de las competencias del hombre de mayor confianza del presidente de la Junta de Andalucía. Es cierto, igualmente, que Hernández y Sanz comparten la misma actitud frente a Moreno, pero el gesto simbólico de reducción de la consejería es elocuente sobre la gestión sanitaria del Gobierno del PP.

El desmantelamiento administrativo, no obstante, no se detuvo en la cúpula de la Consejería. Esta pérdida de peso institucional ha ido acompañada de un golpe a la independencia de entidades de prestigio como la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). La institución ha perdido su autonomía al ser integrada en el recién creado Instituto de Salud de Andalucía (ISA), un organismo adscrito a otra Viceconsejería distinta y diseñado explícitamente para favorecer la colaboración público-privada, con capacidad para contratar al margen de los controles habituales de la administración pública, según ha denunciado en un informe la FADSP.

Además, hay que recordar, que con la reagrupación de competencias en ese macrodepartamento también se nombró un nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, que venía de ser jefe de Urgencias en un hospital privado,  el Hospital HLA Inlaculada, al tiempo que compaginaba sus labores con la vicepresidencia de la Diputación de Granada y con ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril (Granada)

Un contexto de deterioro generalizado

Esta reestructuración de competencias se enmarca en un contexto de profundo deterioro de los indicadores sanitarios en la comunidad. Según los últimos datos ofrecidos por la FADSP, Andalucía presenta la peor situación de salud del país, liderando las tasas de obesidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer (pulmón y mama).

A pesar de estas mayores necesidades, la comunidad adolece de una infrafinanciación crónica. Aunque el gasto sanitario per cápita ha experimentado un aparente aumento en los últimos años, si se ajusta al IPC y al envejecimiento poblacional, los niveles presupuestarios reales apenas alcanzan ahora los de 2009. Para 2026, la inversión por habitante seguirá estando 143 euros por debajo de la media estatal.

Mientras tanto, los problemas en la base del sistema se agravan. En Atención Primaria, estudios recientes como el realizado en la provincia de Málaga revelan que más del 21% de los pacientes no logra obtener cita al solicitarla, enfrentándose a demoras medias de casi 9 días para ver a su médico de familia. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgicas oficiales alcanzan los 169 días, con cerca de medio millón de andaluces aguardando más de dos meses para una primera consulta con el especialista.

Ante este escenario, plataformas en defensa de la sanidad pública y sindicatos denuncian que la ineficacia en la gestión y el desmantelamiento administrativo corren en paralelo a una privatización acelerada.