El pasado domingo 12 de abril la Coordinadora de las Mareas Blancas andaluzas convocó una movilización sanitaria en protesta por el desmantelamiento sanitario que sufre Andalucía a manos del Ejecutivo de Moreno Bonilla, con una proclama principal, dejar de hacer negocio con la salud, según rezaban los diferentes carteles difundidos por dicho colectivo.

En esta movilización, secundada por los partidos políticos de izquierdas y, que según el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, responde a una "estrategia electoral", una imagen quedó en el recuerdo de los espectadores -digitales y presenciales-, la pancarta que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama preparó para participar en dicha marcha. En total, según los sindicatos, en torno a las 50.000 personas acudieron a las disintas movilizaciones que se convocaron en cada una de las ocho provincias andaluzas. Por otro lado, la Policía Nacional disminuye esta cifra hasta 22.300 personas en las diferentes provinias, con Sevilla (5.000) y Granada (5.600) como las más concurridas.

Después de que la pasada semana conociéramos que el gobierno de la Junta de Andalucía estaba obligando a las mujeres a acudir a la vía judicial para reclamar una compensación del SAS, tras la negligencia en los cribados, las mujeres afectadas no han querido dejar pasar esta oportunidad para recordarle a Moreno Bonilla que no son números -ni votos- sino personas.

En una pancarta que alcanzó reunir casi 3.000 nombres de mujeres afectadas, y que medía hasta 15 metros de longitud, las mujeres con cáncjer de mama desfilaron y participaron en una movilización sanitaria que les interpela directamente, puesto que le negligencia que les ha ocasionado padecer cánceres más agresivos está directamente relacionada con la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla.

Según Amama, la pancarta constaba de la citada cifra porque no pudieron incluir más. De este modo, la previsión de la Asociación que está liderando la 'batalla' contra el Ejecutivo de Moreno para pedir "justicia y reparación" quería incluir hasta 4.000 nombres de mujeres, el total de afectadas que la Asociación tiene registradas. Este número contrasta con la cifra ofrecida por la Junta de Andalucía, que desde el pasado septiembre se limita a ceñir esta negligencia a 2.317 mujeres afectadas, de las cuales no quiere decir cuántas han desarrollado cáncer por culpa de los retrasos en las mamografías.

Según Amama, hasta 300 mujeres, según la información de la que disponen, habrían desarrollado cáncer por culpa de no avisar a tiempo de los resultados dudosos (BIRAD-3) de sus mamografías. De estas, con la ayuda de la asociación, se han ido presentando ante el SAS diferentes reclamaciones patrimoniales. Es decir, peticiones administrativas para que el SAS se haga cargo de compensar económicamente dicha negligencia a las mujeres. 

Vía judicial

La primera reclamación patrimonial fue la de Anabel, uno de los rostros más visibles de esta crisis de los cribados de cáncer. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía todo lo que han contestado es el más absoluto silencio. Un silencio que ha indignado a Anabel, que dio la pasada semana una rueda de prensa para explicar que el siguiente paso que iba a realizar era el de acudir a la vía judicial, obligada por el Gobierno de Moreno, si quería una compensación por el fallo que le "está costando la vida".

Como Anabel, el resto de mujeres que han puesto reclamaciones patrimoniales ante el SAS tampoco han encontrado ningún tipo de respuesta. Por tanto, el camino que les queda es seguir la vía iniciada por Anabel. 

Según el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tras conocer este movimiento de las mujeres, la "prioridad" de la Junta de Andalucía son "las mujeres" y por eso "están volcados en que se desarrollte toda la tramitación", en el caso concreto de Anabel, entre otras, para que se la indemnice. "Las reclamaciones al SAS son de toda la vida, no son de ahora, y por tanto, se siguen los procedimientos, siempre poniendo a la mujer como prioridad", esbozaba el pasado lunes. Sin embargo, el SAS excedió el tiempo límite (seis meses) para contestar la petición de Anabel, motivo por el que acudirá a la vía judicial (que tendrá que costearse).

De este modo, según el consejero, en la Junta se están "desarrollando todos los trámites", alegando que "existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades", y "el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar. De hecho, ha habido noticias recientemente de cómo se han archivado buena parte de las denuncias planteadas y ya veremos qué ocurre con la totalidad" de las mismas, aseguró.