En la tierra de Elías Bendodo, líder del lobby judío del PP, numerosos inversores de Israel se mueven como pez en el agua comprando suelo y participando en negocios en sectores como viviendas turísticas, donde su presencia agrava la crisis habitacional, así como en ámbitos deportivos y de marketing, lo que evidencia su influencia en la economía local.
Ante ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa para que el Consistorio no contrate, subvencione ni ceda espacios municipales a empresas o entidades que participen o se beneficien de violaciones de derechos humanos en Palestina. Pérez recordó que “cuando estalló la guerra de Ucrania, el PP fue rápido y diligente en vetar la contratación con empresas vinculadas con Rusia, pero ahora, ante un genocidio masivo contra el pueblo palestino, guardan silencio y mantienen relaciones económicas sin ningún filtro”.
Los orígenes judíos de Bendodo y su tibieza ambigua en el genocidio
Cabe recordar que Elías Bendodo Benasayag, Vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, ex presidente del PP malagueño y factótum de esta formación en la provincia, es de religión y ascedencia judía y no se le conocen declaraciones en contra del genocidio en Gaza ni contra el asesino Benjamín Netanyahu. Solo se ha manifestado con declaraciones tibias y ambiguas. Lo cierto es que en Málaga la influencia de los inversores de Israel es importante y en proceso de crecimiento.
Así lo ha recordado Daniel Pérez tras advertir que dichos fondos israelíes operan en Málaga comprando suelo y participando en negocios en sectores como viviendas turísticas, donde su presencia agrava la crisis habitacional, así como en ámbitos deportivos y de marketing, lo que evidencia su influencia en la economía local. “Por ello, el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado”.
Pérez ha reclamado la aprobación de una política de contratación y subvenciones con debida diligencia en derechos humanos, que obligue a revisar los contratos vigentes y futuros para garantizar que el dinero público no financie directa ni indirectamente a compañías vinculadas con los asentamientos ilegales en Palestina.
Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez solicitó la creación de un “protocolo estricto sobre la enajenación del patrimonio municipal” para impedir que operaciones urbanísticas o ventas de suelo público beneficien a fondos especulativos internacionales.
“No podemos permitir que lo que es de todos acabe en manos de quienes contribuyen a perpetuar violaciones de derechos humanos y a encarecer la vivienda en Málaga”, enfatizó Rodríguez, quien hizo un llamamiento al PP para que, en sus gobiernos, refuercen sanciones y criterios de exclusión hacia quienes no respetan los derechos humanos.
