El portavoz de Presidencia en el Parlamento andaluz, Carmelo Gómez, ha manifestado que el gobierno andaluz “sigue con su hoja de ruta de desmantelar el sistema sanitario público pese a los datos insoportables de la pandemia” porque “el coronavirus no ha sido una excusa sino la coartada de Moreno Bonilla para paralizar toda la asistencia sanitaria en el sistema público y derivarlo a lo privado, un negocio redondo”.

Gómez se ha preguntado “cuánto va a costar a los andaluces esta decisión política y cuál es el modelo sanitario andaluz” y “si es el mismo que está aplicando en Madrid Isabel Díaz Ayuso, donde el coste del gobierno será de 734 euros al día por cada paciente ingresado en una clínica privada y 2.100 euros al día por cada ingreso en la UCI”.

Así, ha manifestado que los socialistas “ya advertimos que la hoja de ruta de Moreno Bonilla era desmantelar el sistema publico de salud” y ha criticado que “es de vergüenza que los andaluces no puedan ir a los centros de salud y Moreno Bonilla y sus gobierno se puedan pasear por los hospitales y centros sanitarios sin problema”.

“Moreno Bonilla y su gobierno solo quieren confrontar con el Gobierno de España” y ahora también lo hacen con el tema de las vacunas. Por eso, Gómez ha explicado que Andalucía tiene 73.004 dosis sin administrar, ha recibido 330.980 y ha administrado 257.976. “El presidente Moreno Bonilla miente” al afirmar que Andalucía ha administrado el 99,9% de las vacunas, cuando en realidad es el 77,95%.

Así, Carmelo Gómez ha recordado cuando Moreno Bonilla afirmaba que “si él gestionara el mando único todo iría bien”, pero ya “ha habido tres olas y cada una de ellas ha sido peor que la anterior”. “El gobierno de España ha hecho una importante inversión económica en salud de 3.500 millones y nos gustaría saber en qué se ha invertido ese dinero” ha destacado.

Sobre el decretazo

El portavoz socialista ha celebrado que el Tribunal Constitucional “haya escuchado lo que el Grupo Socialista tenía que decir ante la tropelía que se cometió en pleno estado de alarma” y haya admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de Andalucía contra el mal llamado decreto de simplificación de la Junt, “un decretazo que modificó de golpe 21 leyes y 6 decretos por la puerta de atrás, leyes que nada tenían que ver con la crisis sanitaria”.

El Constitucional reconoce “una especial transcendencia constitucional” ante la vulneración del derecho fundamental del diputado de poder participar en la elaboración de las leyes. Con la excusa de la pandemia han aprobado más de una treintena de decretos ley, una forma de gobernar de espaldas a la participación de la sociedad y laminando el debate parlamentario, que es un derecho fundamental de los diputados y diputadas, que se hizo además “para legalizar emisoras de radio piratas, hacer una amnistía de sanciones millonarias, eliminar restricciones medioambientales y de protección del patrimonio histórico, entre otras barbaridades jurídicas” ha explicado.