El PSOE de Andalucía ha advertido que recurrirá la decisión del archivo de la causa contra los contratos de emergencia del SAS al entender que se mantiene el delito de prevaricación. Esta investigación se centraba en un posible delito de prevaricación en los contratos del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, eludiendo los controles ordinarios de licitación pública de las administraciones. El juez ha concluido que no ve ese delito de prevaricación, mientras que los socialistas andaluces defienden que "la investigación completa está lejos de haber concluido".

El PSOE andaluz argumenta a través de un comunicado que fue la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que en informes posteriores tras las denuncias de la falta de fiscalización previa - un control que se ha conocido que el Gobierno de Moreno Bonilla modificó para que sea a posteriori- confirmó "múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado". Por tanto, "estamos ante un posible delito de prevaricación que debe ser investigado hasta el final", aseveran.

"Nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia, pero el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia. Y esto no es una opinión del PSOE-A. Insistimos, es la conclusión de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Los socialistas denuncian que las irregularidades reconocidas en el auto que han conocido a través de los medios de comunicación para su "sorpresa y perplejidad", han causado un "daño ingente" al dinero de todos los andaluces. "Se ha contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios; es decir, se ha pagado más por lo mismo".

"Diferente rasero"

El PSOE andaluz, mientras "reitera" su "absoluto respeto" por las acciones judiciales llevadas a cabo, ha mostrado a su vez la insistencia de que los tribunales mantengan criterios ya "aplicados con anterioridad" en otros casos, ya que resulta "llamativo", arguyen en el comunidado, que "en otros casos, ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes", en una clara alusión al caso de los ERE. Lo que han calificado como un "diferente rasero" judicial.

"En el caso actual del Gobierno del PP, nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa, lo que permitió al SAS repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo. La pregunta es: ¿por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa?", concluyen los socialistas.

Sobreseimiento de la causa

Debido a esta investigación altos cargos del Gobierno de Moreno Bonilla, así como los tres gerentes del SAS bajo su mandato, incluida la actual gerente, Valle García, 'desfilaron' por los juzgados y declararon, entre otras cosas, que, de manera consciente, continuaron ejerciendo la contratación de emergencia pese a que el Gobierno central había derogado dicho marco excepcional habilitado por la pandemia del Covid.

No obstante, el juez, en el auto en el que archiva la causa, no aprecia indicios de delito, basándose en que la actuación se produjo en un contexto de crisis sanitaria "sin precedentes" y, aunque el Estado de Alarma finalizó en mayo de 2021, la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de reducir listas de espera persistieron; un argumento utilizado por los tres gerentes que declararon. Y, en segundo lugar, que, aunque la Intervención de la Junta de Andalucía detectara irregularidades administrativas en el modelo de contratación no existe esa "prevaricación" porque esta ha de ser "arbitraria, grosera y dictada a sabiendas de su injusticia". 

PP-A celebra el archivo

 El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la decisión del juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus de decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" del caso pone de manifiesto que todo fue un "invento" de las formaciones denunciantes.

En rueda de prensa, Repullo ha indicado que el juez instructor ha sido "rotundo" al decir que "no hay nada": "El archivo de este caso demuestra que no existía la corrupción en los contratos de emergencia", ha asegurado. Así, ha señalado que, como dice "el juez en el auto de archivo", los contratos de emergencia "se aprobaron para proteger a la ciudadanía", y fue un "proceso limpio, pautado, lleno de informes y de claridad, y fiel a la ley que, precisamente, había utilizado Pedro Sánchez, en plena pandemia, para agilizar la contratación pública en una situación excepcional, como fue el Covid".

Repullo ha expuesto que el juez ha "tenido acceso a toda la información y, en el auto de archivo, llega a una conclusión, que los procedimientos de contratación tenían todo el respaldo legal y, además, eran adecuados para dar respuesta a las necesidades sanitarias de los andaluces en la mayor crisis que hemos conocido".