En el entorno del Partido Socialista en Andalucía se toca madera para que la juez Alaya, que investiga el caso ERE, imprima un ritmo más acelerado ala instrucción que consideran que va muy lenta. Desde el Gobierno andaluz también ha repetido en varias ocasiones que su deseo es que se condene a todos aquellos que se haya aprovechado de esos públicos pero que además se haga de manera más rápida.
El PSOE quiere que cuanto antes se depuren responsabilidades y se devuelva el dinero supuestamente robado por lo que creen que debe acelerarse la instrucción del ‘caso ERE’
Peligros que se ciernen sobre la instrucción
Desde el Ejecutivo andaluz se ha advertido públicamente del peligro existente de riesgo de nulidad o prescripción. También se pretende recuperar lo antes posible el dinero supuestamente robado. En el fondo late la confianza de que los responsables son unas personas concretas pero que el caso está afectando injustamente a la Junta de Andalucía. También los socialistas quieren quitar al PP andaluz ese estilete que usan a diario ya que creen que los populares "actúa obsesivamente en una línea donde el Gobierno andaluz ha colaborado y seguirá colaborando insistentemente con la judicatura". Piensan que una vez que la justicia hable los populares quedaran huérfanos de argumentos para seguir atacando al Gobierno andaluz y en concreto a su presidente, José Antonio Griñán.
Temor a la demora por colapso por casos "estrella"
El temor principal es el que caso vaya con gran lentitud y tarden en sustanciarse las responsabilidades penales. Y es que en realidad el "tapón" no solo se haya en el caso "ERE" sino que la realidad es que Alaya instruye cuatro causas "estrella" como son las dos de Mercasevilla o el del Real Betis Balompié que hace que se prolonguen todas las actuaciones y que el juzgado aparezca como colapsado.
Reunión con el presidente del TSJA
No ha pasado desapercibido la reunión que esta semana han mantenido el presidente del TSJA, Lorenzo del Río y la juez Alaya con la presencia también del presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y el juez decano, Francisco José Guerrero. Se sabe que en Alto Tribunal andaluz andan preocupados por la larga duración de las instrucciones a las que no se les ve un fin inmediato. Se supone que lo que se le ha exigido a la juez Alaya es que acelere estos procesos porque aunque la justicia debe ser lenta tampoco debe ser eterna y por la preocupación no solo política que estos procesos y su no conclusión generan.
Tres años después cita a directivos de Mercasevilla
Más preocupación puede causar ahora una posible demora de la instrucción al conocerse que la juez ha reactivado una rama del caso "Mercasevilla" referida al delito societario con la citación como imputados, en octubre, de tres exdirectivos del mercado, lo que se producirá más de tres años después de la apertura de las diligencias.
Cuatro macrocausas
Se da la circunstancia de que el 3 de octubre declarará como imputado Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla; el día 4 lo hará Daniel Ponce, exdirector adjunto, y el día 8 de octubre la exdirectora económica Pilar Giraldo. Se trata de las primeras declaraciones en esta rama después de que ayer la juez Mercedes Alaya se comprometiera con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reactivar las cuatro macrocausas que tiene en su juzgado: la relativa a los ERE, las dos de Mercasevilla y la referente a la gestión del Real Betis.
Desde 2011 la Fiscalía pidió a la juez que los llamase a declarar
En este sumario del caso Mercasevilla se investiga la presunta falsedad de las cuentas de la empresa o el gasto de 30.272 euros sin justificar con la tarjeta VISA. Los delitos investigados son malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios, administración desleal o apropiación indebida. En septiembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez Mercedes Alaya que tomase declaración cuanto antes a estos tres imputados para eludir el riesgo de “nulidad de todo o parte del procedimiento” y la prescripción de los delitos.
Riesgo de nulidad o prescripción
Ante ese aviso de posiblidades de que los delitos prescriban, la juez le respondió entonces que los hechos imputados estaban “exhaustiva y detalladamente” descritos en un auto de mayo de 2010, por lo que no era preciso tomar declaración a los imputados hasta que el juzgado recibiese un peritaje solicitado. La Fiscalía consideró urgente “concretar y describir”, respecto de cada uno de los imputados y “de la manera más individualizada posible, los hechos presuntamente delictivos cometidos y su presunta participación en los mismos”.
Indefensión de los imputados
Una imputación “genérica o insuficiente”, a juicio de la Fiscalía, podría llevar a una indefensión de los sospechosos por no poder articular su defensa, que de prosperar “podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio”.
El PSOE quiere que cuanto antes se depuren responsabilidades y se devuelva el dinero supuestamente robado por lo que creen que debe acelerarse la instrucción del ‘caso ERE’Peligros que se ciernen sobre la instrucción
Desde el Ejecutivo andaluz se ha advertido públicamente del peligro existente de riesgo de nulidad o prescripción. También se pretende recuperar lo antes posible el dinero supuestamente robado. En el fondo late la confianza de que los responsables son unas personas concretas pero que el caso está afectando injustamente a la Junta de Andalucía. También los socialistas quieren quitar al PP andaluz ese estilete que usan a diario ya que creen que los populares "actúa obsesivamente en una línea donde el Gobierno andaluz ha colaborado y seguirá colaborando insistentemente con la judicatura". Piensan que una vez que la justicia hable los populares quedaran huérfanos de argumentos para seguir atacando al Gobierno andaluz y en concreto a su presidente, José Antonio Griñán.
Temor a la demora por colapso por casos "estrella"
El temor principal es el que caso vaya con gran lentitud y tarden en sustanciarse las responsabilidades penales. Y es que en realidad el "tapón" no solo se haya en el caso "ERE" sino que la realidad es que Alaya instruye cuatro causas "estrella" como son las dos de Mercasevilla o el del Real Betis Balompié que hace que se prolonguen todas las actuaciones y que el juzgado aparezca como colapsado.
Reunión con el presidente del TSJA
No ha pasado desapercibido la reunión que esta semana han mantenido el presidente del TSJA, Lorenzo del Río y la juez Alaya con la presencia también del presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y el juez decano, Francisco José Guerrero. Se sabe que en Alto Tribunal andaluz andan preocupados por la larga duración de las instrucciones a las que no se les ve un fin inmediato. Se supone que lo que se le ha exigido a la juez Alaya es que acelere estos procesos porque aunque la justicia debe ser lenta tampoco debe ser eterna y por la preocupación no solo política que estos procesos y su no conclusión generan.
Tres años después cita a directivos de Mercasevilla
Más preocupación puede causar ahora una posible demora de la instrucción al conocerse que la juez ha reactivado una rama del caso "Mercasevilla" referida al delito societario con la citación como imputados, en octubre, de tres exdirectivos del mercado, lo que se producirá más de tres años después de la apertura de las diligencias.
Cuatro macrocausas
Se da la circunstancia de que el 3 de octubre declarará como imputado Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla; el día 4 lo hará Daniel Ponce, exdirector adjunto, y el día 8 de octubre la exdirectora económica Pilar Giraldo. Se trata de las primeras declaraciones en esta rama después de que ayer la juez Mercedes Alaya se comprometiera con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reactivar las cuatro macrocausas que tiene en su juzgado: la relativa a los ERE, las dos de Mercasevilla y la referente a la gestión del Real Betis.
Desde 2011 la Fiscalía pidió a la juez que los llamase a declarar
En este sumario del caso Mercasevilla se investiga la presunta falsedad de las cuentas de la empresa o el gasto de 30.272 euros sin justificar con la tarjeta VISA. Los delitos investigados son malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios, administración desleal o apropiación indebida. En septiembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez Mercedes Alaya que tomase declaración cuanto antes a estos tres imputados para eludir el riesgo de “nulidad de todo o parte del procedimiento” y la prescripción de los delitos.
Riesgo de nulidad o prescripción
Ante ese aviso de posiblidades de que los delitos prescriban, la juez le respondió entonces que los hechos imputados estaban “exhaustiva y detalladamente” descritos en un auto de mayo de 2010, por lo que no era preciso tomar declaración a los imputados hasta que el juzgado recibiese un peritaje solicitado. La Fiscalía consideró urgente “concretar y describir”, respecto de cada uno de los imputados y “de la manera más individualizada posible, los hechos presuntamente delictivos cometidos y su presunta participación en los mismos”.
Indefensión de los imputados
Una imputación “genérica o insuficiente”, a juicio de la Fiscalía, podría llevar a una indefensión de los sospechosos por no poder articular su defensa, que de prosperar “podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio”.
