Al contrario que otros órganos de extracción parlamentaria, como el Consejo Audiovisual o el de la RTVA, rara vez en sus más de 30 años de existencia ha sido la Cámara de Cuentas de Andalucía campo de batalla política entre los partidos.

Más que desavenencias de fondo propiamente dichas, lo más que –hasta ayer– había sufrido la Cámara han sido dilaciones a la hora de renovarse para trasladar los resultados electorales a la composición de la misma.

Esa trayectoria de transversalidad y consenso se quebró el jueves 18 de marzo de 2021. Desde ayer, la Cámara de Cuentas de Andalucía tiene como presidenta a Carmen Núñez García, consejera a propuesta de Ciudadanos y primera mujer que ostenta el cargo.

Dignidad y política

No ha sido, sin embargo, un relevo pacífico, como así lo certifica por el hecho de que Núñez haya accedido al cargo con los votos de los cuatro  consejeros de PP, Cs y Vox, pero no de los tres de PSOE y Adelante.

En una decisión que sin duda le honra y que es inusual en la política española, el presidente saliente, Antonio López Hernández, ha declinado aferrarse al cargo, pero lo abandona dejando constancia de “la coerción sufrida” por parte del secretario general de la institución, Manuel Aguilar Illescas, y haciendo entrega de un dictamen pericial según el cual su mandato era de tres años y expiraba en septiembre de 2022.

La ‘auctoritas’ va por barrios

No obstante, otro dictamen, este firmado por el letrado mayor del Parlamento, Ángel Marrero, respaldaba la posición del bloque conservador, dejando a Antonio López en una posición ciertamente embarazosa: para Marrero, su mandato no expiraría en septiembre de 2022, como sostiene el ya expresidente, sino en febrero de 2021.

El dictamen del jurista no es vinculante, pero lo avala la ‘auctoritas’ asociada al puesto de letrado mayor de la Cámara autonómica. Las derechas se han apresurado a guarecerse bajo el paraguas de Marrero para neutralizar el chaparrón de críticas de la izquierda.

Todo lo contrario que hicieron, por cierto, cuando los mismos servicios jurídicos del Parlamento que comanda Marrero –y qaue están investidos de la misma ‘auctoritas’ que este– dictaminaron que el ex teniente de alcalde de Estepona Manuel Aguilar Illescas no debía ser nombrado secretario general de la Cámara de Cuentas tanto por su falta de idoneidad profesional –no es funcionario de carrera– como por estar siendo investigado por un presunto delito de prevaricación. De nuevo, pues, se diría que el respeto a la ‘auctoritas’ va por barrios.

Aguilera alerta sobre Aguilar

Es público que Aguilar es un hombre de la total confianza de Elías Bendodo, el consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno andaluz y mano derecha del presidente Juan Manuel Moreno. De hecho, su nombramiento para un cargo tan sensible fue la primera gran grieta que el PP abrió en la Cámara de Cuentas.

Entre quienes más tempranamente advirtieron de lo que podían estar tramando las derechas figura la exportavoz de Adelante Andalucía Ángela Aguilera. En un artículo publicado el 31 de mayo de 2020, la diputada alertaba sobre el nuevo secretario general: “Manuel Aguilera tiene un perfil que incumple de forma flagrante los requerimientos legales para ostentar dicho cargo, pero que, en cambio, es un rostro conocido del PP de Málaga, investigado por prevaricación, y amigo personal de Elías Bendodo”.

El negro presagio de Aguilera –“esta decisión totalitaria amenaza la neutralidad, independencia y pluralidad de la Cámara”– se está cumpliendo al quebrarse, como temía la diputada por Cádiz, una trayectoria institucional que “respetaba mucho más la pluralidad y garantizaba la calidad de los trabajos” de fiscalización de las cuentas autonómicas.

Mucha letra y poco espíritu

La última demora en la renovación de los consejeros de la Cámara se resolvió pacíficamente en 2019 con un acuerdo político merced al cual se incorporaban nuevos consejeros que daban a las derechas la mayoría en el órgano fiscalizador, en sintonía con la composición del Parlamento salido de las elecciones de diciembre de 2018.

El pacto incluyó la continuidad como presidente de Antonio López, que llegó a la Cámara a propuesta del PSOE y venía ocupando el cargo desde 2011. Juan Manuel Moreno Bonilla firmó el decreto de renovación de López como presidente el 23 de septiembre de 2019, con un mandato que en opinión de los socialistas expiraba en septiembre de 2022 y en opinión de los populares en febrero pasado.

El mandato de Antonio López como consejero sí concluía hace un mes. Aunque cese y renovación fueron prácticamente simultáneos, el PP interpretó que, al dejar de ser consejero, automáticamente dejaba de ser presidente.

La literalidad del acuerdo con el PSOE y del decreto de nombramiento por Moreno no desmienten al PP, pero los socialistas juran y perjuran que lo hablado y pactado con el PP fue que López Hernández seguiría en el cargo hasta finales de 2022.

Adiós al consenso

Los viejos consensos han saltado por los aires. Y por si había alguna duda de ello, los cuatro consejeros de la derecha venían bloqueando la institución con sus ausencias deliberadas, para así forzar la renuncia de López.

Por lo demás, a la maniobra del PP, barruntan los socialistas, no ha sido ajena la difusión del informe provisional de fiscalización del Presupuesto de la Junta de 2019, que incluye reproches no menos severos de los que solía ser objeto la gestión de los gobiernos socialistas.

El informe revela irregularidades como el fraccionamiento de contratos, los incumplimientos en materia de ejecución presupuestaria o la acumulación de facturas sin respaldo presupuestario por valor de más de 1.300 millones de euros.

En todo caso, ningún delito: simplemente, malas prácticas que la nueva Administración no ha enmendado y que, ya con la Cámara de Cuentas bajo control político, tampoco se dará demasiada prisa en hacerlo.