Las formaciones conservadores y las situadas a la izquierda del Partido Socialista coinciden en su rechazo frontal a que el Gobierno pueda indultar al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a seis años de prisión por malversación.
Las palabras más duras sobre el caso de los ERE, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, han salido de la boca del coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero: “Constata –ha dicho– el episodio de corrupción más oscuro de la historia democrática de Andalucía, y representa el proceder caciquil de varios de los gobiernos del PSOE de Andalucía”.
El juicio de Valero sobre lo sucedido no solo es mucho más severo que el de la propia derecha, sino que se sitúa en las antípodas de lo que opina la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, quien percibe "un poco de contaminación política y no tanto jurídica" en la sentencia del Tribunal Supremo.
Argumenta López que la división en el fallo evidencia "dudas razonables sobre el fondo del asunto”, dado que “de cinco magistrados tres han dicho que sale el sol y dos han dicho que está lloviendo y por tanto hay dudas razonables sobre el fondo del asunto".
Al igual que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto al expresidente de la Junta: “Nosotros pensamos que la prerrogativa del indulto no puede ser utilizada para este tipo de cosas. Somos la fuerza política que más ha trabajado por desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por corrupción y el indulto está para otro tipo de cosas”.
En la misma línea que las izquierdas, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que es "impresentable que se vaya a indultar" al expresidente socialista por la "mayor condena por corrupción" de la historia de la democracia española, en la que se concluye que durante "40 años se generó una red clientelar desviando más de 600 millones en beneficio de un partido para que se perpetuara en el poder".
Más comedido ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha expresado este jueves su "máximo respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo, que, a su juicio, recoge "argumentos muy duros y contundentes". Su mano derecha en San Telmo, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, fue ayer bastante más duro al pedir al PSOE-A que pidiera ya "perdón”.
Mientras, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, se ponía estupendo al afirmar que "ningún miembro de su gobierno se va a tener que plantear la disyuntiva de tener que firmar o no firmar la petición de indulto de un compañero de filas por el simple hecho de que ningún compañero de filas ha sido condenado por corrupción, como sí le ha pasado a los responsables políticos del Partido Socialista".
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, cree que la sentencia es "más que discutible" y "carne de recurso" ante el Tribunal Constitucional, dada la "mayoría ajustada" de tres votos a favor por dos en contra dos.
Juan Espadas asegura tener "muchas más dudas que certezas en algo tan importante como significa la condena a unas personas por delitos que, a juicio de lo que leo, dejan más que dudas sobre si se está produciendo o no la vulneración de derechos fundamentales en personas que se están sometiendo a ese proceso".
Espadas ha llamado la atención acerca de que, "al final, un voto de diferencia va a marcar la condena o no de un grupo de personas", algo que debería haber sido objeto de "una respuesta por unanimidad", según ha opinado antes de indicar que aprecia "mucha fragilidad en algunos argumentos" de la sentencia, "y sobre todo en la respuesta penal a una serie de conductas" ante las que "la presunción de inocencia es básica", y ésta "sólo se puede combatir con pruebas, cargos claros, justificados y motivados suficientemente, y no de manera tangencial", ha agregado.
