El pasado abril se confirmaba que el alcalde de Cogollos de Guadix (Granada) y diputado provincial del PP en el Diputación de Granada responsable de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, tendría que ir a juicio después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Guadix emitiera un auto en el que acordaba dicha apertura. La razón: presuntos delitos de infracción en los trámites del voto por correo y prevaricación por inducción, cometidos en las elecciones municipales de 2023 con el voto por correo de supuestos falsos residentes.
Meses después, en junio, también fue llamado a declarar a la Guardia Civil por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Según la secreatria e interventora municipal, a través de la elaboración de un informe, detectó "pagos excesivos y duplicados realizados en varios ejercicios". Según la denuncia, faltarían por justificar cerca de 126.000 euros entre 2021 y 2023. Algunos de los ingresos, además, procederían de cuentas bancarias de vecinos de la localidad de la que Martos era el principal responsable político. Sin embargo, cuando saltó la noticia, el propio diputado provincial del PP granadino aseguró que ya había justificado 100.000 euros de los reclamados en ese gasto municipal, y estaba pendiente de realizar lo propio con la parte restante.
No obsante, ocho meses después, Martos continúa como diputado provincial tras dimitir como alcalde hace apenas tres días, un hecho que este lunes ha denunciado la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, considera "absolutamente insuficiente". La socialista valora que es una decisión que ha de adoptar el propio presidente de la Diputación y del PP de Granada, Francisco Rodríguez, al que le han exigido "más responsabilidades": "No es suficiente su cese como alcalde de Cogollos del Guadix", remarcaba la socialista,
“Retirarlo de la Alcaldía y seguir respaldándolo y refugiándolo en la Diputación no es asumir responsabilidades es esconder el problema”, ha afirmado Sánchez, que ha reprochado al máximo responsable del PP granadino su “inacción permanente con todos los acontecimientos que salpican a miembros de sus filas”.
“En este caso, no es de recibo que mantenga en una institución provincial a un cargo político acusado de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su gestión municipal”, ha considerado, tras recordar que también está a la espera de ser juzgado en la Audiencia Provincial por los presuntos delitos de infracción en los trámites del voto por correo en las elecciones municipales de 2023.
La socialista ha recordado que las graves acusaciones que pesan sobre Eduardo Martos no son nuevas y que su gestión municipal durante los últimos años “ha sido denunciada reiteradamente pues ha actuado como si el ayuntamiento fuera su cortijo. Sin embargo, el presidente del PP y de la Diputación conoce esta situación desde hace años y ha mirado hacia otro lado”.
Para Sánchez, la decisión del PP no afronta la realidad ni está a la altura de lo que merece la ciudadanía. Únicamente responde a una estrategia de “tapar, proteger y minimizar un escándalo político que daña gravemente la imagen de las instituciones. La Diputación no puede convertirse en un refugio para responsables públicos cuestionados”, ha advertido.
Procesado por prevaricación
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Guadix (Granada) dictó un un auto el pasado octubre de transformación en procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral— contra el exalcalde de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en el marco del caso del supuesto fraude electoral en el municipio por las inscripciones en el padrón previas a las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023.
En el auto, el magistrado instructor consideró que existen indicios de que el regidor habría dictado resoluciones a sabiendas de su injusticia para permitir el empadronamiento de personas que no residirían habitualmente en el municipio, con el fin de alterar supuestamente el censo electoral. La causa se inició tras la denuncia presentada por el PSOE, que alertó de un incremento "anómalo" en el padrón municipal en los meses previos a los comicios. Según la investigación, se habrían detectado casos de personas empadronadas en domicilios vinculados a miembros del equipo de gobierno o en locales que no reunían condiciones de habitabilidad.
Junto al alcalde, el juez también mantiene la acusación contra otras personas, entre ellas particulares que habrían facilitado estas inscripciones. Por el contrario, el magistrado ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones para otros investigados al no hallar pruebas suficientes de su participación en los hechos. Desde el PP de Granada manifestaron en diversas ocasiones su respeto a las decisiones judiciales, aunque defendiendo la presunción de inocencia del exalcalde de Cogollos de Guadix. Por su parte, el PSOE ha venido exigiendo responsabilidades políticas ante la gravedad de los hechos investigados.
