ElPlural.com desveló esta semana el documento que destaparía la traición del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) a las farmacias de la Junta de Andalucía. En dicho documento se constata el plan del gobierno regional y del ente colegial para mantener el sistema de subasta de medicamentos, a pesar de que en la oposición, el Partido Popular prometió acabar con las subastas. Y es que el acuerdo entre el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía y el Cacof lastraría un 21% el precio de los fármacos, provocando un recorte del gasto del Ejecutivo andaluz y dinamitando el margen de negocio mínimo de las farmacias.
En este contexto, unas palabras de Juan Pedro Rísquez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén y vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, han causado indignación entre los colectivos de farmacéuticos. Lejos de oponerse con claridad a las maniobras del Ejecutivo andaluz, lo justifica. Muestra su convencimiento de que el cambio se hace para evitar la responsabilidad patrimonial que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendría con el texto anterior. Asegura que la subasta se tiene que hacer, “porque es obligatorio”, ya que los licitadores podrían presentar un pleito, aseverando esta posición al “decaer la última de todas”.
Al preguntarle por qué no se derogan definitivamente, esta fuente del Cacof asegura que “políticamente existen otros problemas”. “Lo que sí le digo es que la intención del PP es derogar las subastas (…) Ahora decae la obligación, que no es poco. Pero las subastas como tal también desaparecerán. Ya lo verá”, termina explicando.
El documento de impacto económico
En el documento de impacto económico desvelado por ElPlural.com del nuevo sistema de subasta de medicamentos en Andalucía se observa con claridad que el Servicio Andaluz de Salud plantea cuatro posibles impactos de su reforma: máximo, alto, óptimo y bajo. Estos escenarios conllevan un aumento de ingresos para la Junta de Andalucía de 250 a 106 millones de euros, pero provocarían irremediablemente una caída del precio de venta al público en las farmacias de entre el 35% y el 15%.
El nivel óptimo recortaría un 21% lo que deben pagar los clientes. Este escenario generaría ingresos de 150 millones a la administración andaluza. A este respecto, en el documento que publicamos en ElPlural.com aparecen dos asteriscos (**) que ya fueron señalados en Twitter por el internauta Francesc Pla y recogidos por Crónica Global. Estos asteriscos remiten a la leyenda -no enviada a los medios-, que revela que es el nivel óptimo "aceptable para el Cacof".
“En otras palabras: el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía, presidido por Antonio Mingorance, ha negociado en secreto con la Junta un hachazo al precio de los preparados. Se trata de una traición a los asociados”, explicaba Crónica Global.
La influencia de Bidafarma
Además de presidir el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía, Antonio Mingorance es vicepresidente de Bidafarma. Tal y como desveló esta semana ElPlural.com, la cooperativa farmacéutica, donde trabaja la mujer de Moreno Bonilla, Manuela Villena López, ha vuelto a situarse en el epicentro de la polémica. En esta ocasión, ha sido debido a que la Junta ha otorgado sin concurso a Bidafarma la logística de las vacunas contra el Covid-19 en una primera fase.
En concreto, Manuela Villena López, mujer de Moreno Bonilla, es gerente de Relaciones Institucionales de la farmaceútica. Bidafarma será la encargada de prestar su infraestructura y de gestionar el almacenamiento, la custodia y el transporte de las dosis de vacunas en la región. El convenio incluye la recepción de las vacunas desde los laboratorios proveedores, la manipulación de los contenedores, la custodia de las dosis, el almacenaje a temperaturas adecuadas y la efectiva distribución en los puntos que designe el gobierno andaluz. Desde San Telmo defienden que al igual que ocurrió con la dispensa de mascarillas, la cooperativa lo hará supuestamente de “forma gratuita y desinteresada”.
