El Gobierno autonómico de PP y Cs se siente como pez en el agua cada vez que le dan motivos para desplegar por tierra, mar y aire el discurso del agravio a Andalucía.

Las quejas por el maltrato a la comunidad siempre fueron un territorio electoralmente feraz: lo sabía la Junta de Andalucía de Manuel Chaves hace un cuarto de siglo cuando, a partir de la victoria del PP en 1996, hizo oposición a Madrid desde Sevilla y lo sabe hoy el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, consciente de que, aun escrito con brocha gorda, cualquier memorial de agravios es una simiente de alto rendimiento electoral.

El acuerdo

El pie para renovar el discurso andaluz del agravio se lo daba ayer a Moreno el Gobierno de España con un acuerdo fiscal con el Gobierno vasco que convencía al lehendakari Iñigo Urkullu para asistir a la Conferencia de Presidentes celebrada en el Monasterio de San Millán de la Cogolla y a la que solo faltó el catalán Quim Torra.

Básicamente, el acuerdo cifra el objetivo de déficit de la comunidad vasca en el 2,6% de su PIB y el de deuda pública, en el 15,9% del PIB (hasta 1.800 millones), lo que supone 3,3 puntos más de lo estipulado en la ley de estabilidad presupuestaria.

El objetivo de déficit de las comunidades de régimen general está situado en el 0,2 por ciento, pero Urkullu argumenta que el País Vasco se financia con su propia recaudación y que la caída de los ingresos fiscales justifica el acuerdo: “No es una negociación a la carta, es el respeto a lo que es nuestra singularidad y nuestros derechos históricos”.

La reacción

La reacción del presidente andaluz fue fulminante: “No vamos a pasar por eso. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y cooperar con el Gobierno de la nación, pero bajo ningún concepto vamos a permitir un maltrato a Andalucía; si el País Vasco va a tener la posibilidad de endeudarse en un 2,6 por ciento, Andalucía también quiere ese 2,6 por ciento, sobre todo en unos momentos en los que los ingresos han caído a plomo y los gastos se han multiplicado por diez”.

Para el presidente, estamos claramente ante un "privilegio" a un territorio que conlleva una situación de desigualdad entre españoles: un argumento difícil de batir en Andalucía, cuya fragilidad económica y fiscal es terreno abonado para esta clase de mensajes.

Moreno y su Gobierno saben que un discurso del agravio bien trabado dialécticamente es munición de doble alcance: erosiona las murallas del Gobierno de Pedro Sánchez y debilita a los socialistas andaluces, acosados por su retaguardia con pólvora directamente facilitada por los arsenales de Madrid.

Por lo demás, respecto a las cuestiones económicas que se han debatido en la Conferencia, el presidente señaló que salía con "muchas dudas" en relación con los criterios que el Gobierno central utilizará para el reparto de dinero entre las comunidades, informa Europa Press.

"Salimos un poco como entramos, sin tener información concreta y precisa de cómo, cuándo y dónde se van a recibir fondos", se quejó Moreno, que exigió "mucha transparencia".

Controvertida cogobernanza

Tampoco parece gustarle demasiado al presidente andaluz la idea de cogobernanza de los fondos europeos planteada por Pedro Sánchez. Aunque da juego politico a las autonomías, no convence a Moreno que esos fondos vayan a estar condicionados a los distintos proyectos que deberán plantear las comunidades autónomas: "No nos parece lo más acertado porque los proyectos siempre tienen un grado de subjetividad”.

Es muy poco probable que una cogobernanza de similares características planteada por un presidente del Gobierno del PP hubiera tenido tan gélida acogida por un presidente de la Junta de Andalucía del mismo partido, pero las reglas no escritas de funcionamiento del Estado autonómico son esas y nadie moverá un dedo para cambiarlas.

En todo caso, Moreno volvió a demandar –y en esta demanda lo acompañan otros presidentes autonómicos– que para el reparto de fondos entre comunidades el Gobierno de España aplique los mismos criterios que la Unión Europea ha aplicado para el reparto del dinero entre los distintos países: nivel de población, PIB y tasa de desempleo. "Esos son los criterios más acertados y equitativos".

Andalucía, como se sabe, no quiere bajo ningún concepto que en el baremo de reparto se incluya la tasa de impacto del coronavirus, ya que en la comunidad ha sido muy baja.