Miércoles negro para el Gobierno andaluz, cuyas tres patas que quedaron súbitamente en dos al desgajarse la de Vox como sostén imprescindible de su estabilidad. En el Pleno del Parlamento, Vox impidió por la mañana la reforma por vía de urgencia de la Ley de Salud Pública y por la tarde bloqueó la tramitación de la denominada Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) al abstenerse en el debate de totalidad, propiciando así que los 50 votos de la izquierda se impusieran a los 43 de PP y Cs.
En la votación de la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía al texto de la conocida como nueva ley del suelo hubo más votos afirmativos que negativos, por lo que el proyecto de ley se devolvía al Consejo de Gobierno.
Vox no se molestó en ocultar la razón principal de su rechazo: la acogida por la Junta de Andalucía de 13 menores marroquíes de los cientos de ellos llegados la semana pasada a Ceuta al abrir Rabat la frontera con la ciudad autónoma.
Operación de acoso y derribo
Para el vicepresidente Juan Marín (Cs), lo sucedido ayer en el Parlamento forma parte de una "operación de acoso y derribo" contra el Gobierno autonómico que preside Juan Manuel Moreno. "Algunos creen que con esta pinza contra PP y Cs están derrotando al Gobierno, pero van contra todos los andaluces", decía un Marín que el día anterior había presumido de la fortaleza del Ejecutivo y menospreciado el órdago de Vox.
El cumplimiento por Vox de su amenaza de retirar su apoyo al Gobierno andaluz si acogía a los 13 menores marroquíes pareció coger con el pie cambiado al presidente de la Junta y su equipo más cercano, que según algunos medios intentaron cambiar el sentido del voto de los 11 diputados ultras con llamadas telefónica a la dirección nacional del partido. El intento fue en vano: seguramente porque los parlamentarios andaluces estaban cumpliendo órdenes de esa dirección nacional.
Hasta la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), abandonó su papel de árbitro del encuentro para incorporarse sin muchos disumulos a las filas del bloque conservador: atrasó la votación de la enmienda a la totalidad de la ley del suelo, probablemente para dar tiempo a que fructificaran las gestiones del PP con la jerarquía ultra. El retraso de la votación motivó la queja de los portavoces del PSOE, José Fiscal, y Adelante, Inmaculada Nieto.
Tambores electorales
El viraje estratégico de Vox inaugura una etapa de incertidumbre en la hasta ahora bastante plácida legislatura andaluza. El adelantamiento de las elecciones, que los ultras vienen reclamando desde la frutrada moción de socialistas y naranjas en Murcia y la debacle de Cs en las autonómicas del 4 de mayo en Madrid, empieza a vislumbrarse en el horizonte, pese a la determinación de Moreno de agotar la legislatura.
Esta misma semana, el portavoz y hombre fuerte de San Telmo, Elías Bendodo, proclamaba con temerario desahogo que "los zarandeos de Vox robustecen al Ejecutivo". No es probable que vuelva a repetir una afirmación tan peregrina. Si Vox mantiene el rumbo marcado ayer en la Cámara, Andalucía no tendrá Presupuestos en 2022, lo que reduciría drásticamente el margen del presidente para prolongar la legislatura más allá de la primavera del año que viene.
Hasta ahora, Vox nunca había llevado tan lejos sus discrepancias con el 'Gobierno del cambio'. En los dos años de legislatura, sus amenazas han hecho mucho ruido pero han reportado pocas nueces. Lo sucedido ayer equipara nueces y ruido y marca un punto de inflexión en el desenvolvimineto del acuerdo de investidura que hizo a Moreno presidente.
Vuelve el ladrillo
Según la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, la futura ley del suelo pone fin a la actual legislación urbanística y medioambiental y supondrá una revisión integral del urbanismo andaluz, así como una reducción de trámites administrativos y legislativos, lo que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios.
En cambio, el portavoz del PSOE-A, José Fiscal, considera que "abre la puerta a la edificación desmedida y sin planificación y que supone un retroceso a los años del ladrillo y de construir donde hubiera un hueco". De parecida opinión son el grupo Adelante y los diputados no adscritos expulsados del mismo y alineados con la líder anticapitalista Teresa Rodríguez.
Quien tenía más difícil defender la nueva posición de su grupo era el diputado ultra Alejandro Hernández, defensor del proyecto legislativo hasta hace pocas semanas, cuando todavía Vox no había roto con el Gobierno autonómico.
Defenestrado recientemente como portavoz parlamentario, ayer sustituyó accidentalmente a Manuel Gavira para afirmar sin sonrojo que había un "problema de seguridad jurídica en el articulado de la ley" y que el visto bueno de Vox a su tramitación era "incompatible con la exigencia de elecciones anticipadas".
