Un grupo de catorce eurodiputados de varios países y de diferentes grupos políticos, entre los que se cuentan los españoles Javi López y Ernest Urtasun, han manifestado este verano su profunda preocupación por las negociaciones para la modernización del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) que comenzaron en Bruselas el lunes 6 de julio de 2020.
Este oscuro tratado, firmado en Lisboa en diciembre de 1994 por 53 países de Europa y Asia, blinda los intereses de las empresas inversoras en combustibles fósiles frente a los cambios que los gobiernos puedan hacer en sus políticas energéticas para lograr la descarbonización de su economía y una transición climática justa para sus ciudadanos.
En mayo de este año varias organizaciones ecologistas solicitaron al Gobierno de España la salida de este tratado, del que Italia se desvinculó en 2016, por constituir “una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima,” como señalaba el comunicado de Ecologistas en Acción.
Las principales reivindicaciones de los eurodiputados firmantes del escrito contra este Tratado es que se excluya del texto la protección de los combustibles fósiles, que se suprima el mecanismo de resolución de disputas entre inversores y estados por permitir a las empresas reclamar sumas colosales de compensación o se limite hasta unos términos justos. De no prosperar sus propuestas para corregir las deficiencias de este tratado que ya está obsoleto, los eurodiputados socialistas y verdes plantean la retirada conjunta de la UE en el caso que fracasen las negociaciones en curso.
España es el país europeo más afectado por las demandas de empresas energéticas acogidas al TCE, ha tenido que pagar ya indemnizaciones por más de mil millones de euros, siete veces más de lo que aporta al Fondo Verde de Naciones Unidas y se enfrenta todavía a cerca de treinta pleitos pendientes de arbitraje internacional.
