No una carta, sino dos. Una misiva, conocida ayer, la firma el consejero de Hacienda y va dirigida a la ministra María Jesús Montero y la otra, conocida hoy, la firma el presidente Juanma Moreno y su destinatario es Pedro Sánchez.

Ambos reclaman el pago urgente de Andalucía de 1.350 millones de euros en concepto de actualización de entregas a cuenta y liquidación del IVA de 2017, que están pendientes de pago y que la ministra de Hacienda dice no poder liquidar porque, según la Abogacía del Estado, un Gobierno en funciones no puede hacer tal cosa porque condicionaría la gestión del futuro Gobierno.

El eje Génova-Sevilla

En una estrategia bien coordinada con la dirección nacional del partido, el Gobierno andaluz ha decidido pisar a fondo el acelerador contra el Ejecutivo central, convencido de que la reclamación de esos 1.350 millones de euros es un combustible político de calidad extra que da para muchos kilómetros.

En su rueda de prensa de hoy, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido en la misma idea que Moreno, culpando a Sánchez de chantajear a las comunidades autónomas con no pagarles si no es investido presidente.

El pasado viernes, el PP presentó en el Congreso una proposición de ley para desbloquear las entregas a cuenta a las autonomías habilitando una línea de crédito para ellas, similar al denominado FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) del ministro Cristóbal Montoro, pero esta vez sin intereses.

‘Tenemos que hablar’

En su carta al inquilino de la Moncloa, Moreno reclama la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar tanto el pago de las entregas a cuenta como la revisión del actual modelo de financiación autonómica, que según el Parlamento autonómico supone un menoscabo anual para Andalucía de más de 4.000 millones de euros.

Recuerda Moreno en su misiva que el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas establece un régimen de entregas a cuenta de la recaudación fiscal en cada territorio que en estos momentos está “bloqueado".

La cifra reclamada por Andalucía es "un cálculo prudente basado, precisamente, en una comunicación efectuada a la comunidad autónoma por el Ministerio de Hacienda en julio de 2018”, subraya el presidente.

Menos diplomático que el de Moreno es el lenguaje utilizado por la número dos del partido en Andalucía, Loles López: “Es bochornoso –dijo ayer– que una ministra andaluza niegue a los andaluces el dinero que nos corresponde para que Pedro Sánchez se haga con el Gobierno”.

Y Rajoy ¿qué?

La réplica a Moreno y al PP llegaba este mismo martes del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández: el sistema de financiación vigente "tenía que haberse renovado en 2013 y el Gobierno del Rajoy no movió un dedo por alcanzar un nuevo acuerdo con las comunidades autónomas (…) Lo que no fueron capaces de hacer en seis años, a pesar de estar previsto así en la Ley de Financiación Autonómica, se le exige ahora a un Gobierno en funciones".

Recogiendo los argumentos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Lucrecio Fernández recalca que "es imposible actualizar las entregas a cuenta", aunque "estamos buscando la fórmula adecuada para hacer efectivo el pago, siempre desde una posición de respeto a la legalidad y según el criterio de la Abogacía del Estado, que considera que esta cuestión excede la capacidad del Gobierno en funciones y que éste tiene limitaciones en aquellas cuestiones que pueden comprometer a gobiernos futuros".

También recordaba el delegado del Gobierno que "esta situación no es nueva y ya ocurrió en el verano de 2016 con el Gobierno del PP en funciones, cuando no se actualizaron las entregas a cuenta siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado como en esta ocasión".

‘Chantaje intolerable’

Además de esa ocasión que cita el delegado del Gobierno en Andalucía, en enero del año pasado el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, congeló el incremento –que ascendía a más 4.000 millones de euros– de los anticipos a cuenta previsto para las autonomías y condicionó su abono a que el Gobierno lograra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Las autonomías montaron en cólera cuando recibieron la carta de Montoro advirtiéndoles de que la mejora prevista en su financiación no sería posible porque estaba vinculada a los Presupuestos, pendientes de aprobación.

Lo que entonces argumentaron el PSOE y distintos consejeros autonómicos socialistas de Hacienda se parece mucho a lo que ahora argumentan el PP y los presidentes autonómicos populares: que el bloqueo era un “chantaje intolerable” de Montoro con el único propósito de que el Grupo Socialista del Congreso facilitara con su abstención la aprobación de los Presupuestos de 2018.

Ecos del pasado

La campaña del PP y de la Junta con los 1.350 millones de euros como bandera recuerda a la promovida 20 años atrás por el PSOE y el entonces presidente andaluz Manuel Chaves contra el Gobierno de José María Aznar a cuenta de 400.000 andaluces que no figuraban en el censo de población con el que se calculaban los ingresos que recibía la comunidad en concepto de financiación autonómica.

Con los 400.000 andaluces que no estaban en el censo, los socialistas de finales de los 90 se emplearon a fondo. En diciembre de 1998, las Juventudes Socialistas de Andalucía repartían 400.000 tarjetas postales, una por cada andaluz no reconocido en las transferencias a la comunidad autónoma.

Al año siguiente, 1999, era directamente el PSOE andaluz quien enviaba al presidente del Gobierno en puertas de la Navidad 100.000 postales con esta leyenda: "Sr. Aznar, somos 400.000 andaluces más". Las postales se complementaron con la contratación de anuncios en prensa, radio y televisión con la misma idea.

Moreno y el PP no han llegado a tanto, pero el ruido político que hicieorn entonces los socialistas sin duda les resultará inspirador.

Un debate embarazoso

Por lo demás, la exigencia de la Junta de un nuevo modelo de financiación autonómica pone en situación embarazosa a los socialistas andaluces, que a principios de 2018 clamaban contra el Gobierno de Rajoy por incumplir sus promesas de negociar un nuevo modelo: “Rajoy y Montoro deben ponerse a trabajar ya. No puede ser que hace un año dijeran que iba a haber un nuevo modelo y ahora Cristóbal Montoro se ría y diga que hasta que no haya Gobierno en Cataluña no hay modelo de financiación”, decía la entonces presidenta Susana Díaz.

Seis meses después, Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa y  demostraba las mismas pocas prisas que su antecesor en iniciar la negociación para una nuevo sistema de financiación: todo un trago para la ministra de Hacienda que, siendo consejera, medio año antes arremetía implacablemente contra Rajoy por su desinterés hacia las reclamaciones autonómicas.

Sea cual sea su inquilino, La Moncloa sabe que en esa negociación tendrá que poner más dinero sobre la mesa porque los servicios públicos están infrafinanciados en algunas de las principales comunidades autónomas: hay expertos que hablan de 20.000 millones de euros extra. Otros elevan esa cifra a 40.000 millones de euros.