El Gobierno de Andalucía instó ayer a la Consejería de Hacienda “a iniciar las actuaciones necesarias para requerir del Ministerio de Hacienda la actualización de las entregas a cuenta del ejercicio 2019 a la comunidad autónoma en el marco del actual sistema de financiación y conforme a las dispuesto en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre”.

Según los cálculos del departamento que dirige Juan Bravo, “hay un menoscabo en los ingresos presupuestarios de 1.350 millones de euros que implican, de forma sobrevenida, un riesgo serio para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, por lo cual “se considera de extrema urgencia solventar la presente discrepancia, planteándose incluso necesario acudir para ello a la celebración de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

Montero entreabre la puerta

Mientras tanto, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguraba este miércoles que el Gobierno "busca fórmulas" para pagar esas entregas a cuenta y "sortear" el criterio que mantiene la Abogacía del Estado desde 2016, según el cual  "un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo". La oposición no comparte esta interpretación que Hacienda hace del criterio de la Abogacía.

Esa puerta que Montero ha dejado entreabierta indica que el Gobierno ha flexibilizado su posición con respecto a la mantenida hace apenas tres semanas, cuando la propia ministra instaba a “las comunidades del PP a que animen a su partido a la abstención para posibilitar un desbloqueo de las cuentas de las autonomías”, dado que el Gobierno no había logrado "convencer" a la Abogacía del Estado para que diera su nihil obstat a unos pagos que ascenderían a 7.200 millones de euros, en concepto de entregas a cuenta y ajustes del IVA de 2017.

Más 'minolles'

A esta exigencia contable andaluza, compartida además por la mayoría de comunidades autónomas independientemente de su color político, se suma el continuo recordatorio de la Junta al Gobierno central –y al PSOE andaluz– de que el actual sistema de financiación autonómica arroja un déficit estructural de 4.000 millones que Andalucía estaría recibiendo de menos para atender sus servicios públicos.

Esos 4.000 millones son la cifra contenida en la propuesta de un nuevo modelo de financiación que, a instancias de la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero, aprobó el año pasado el Parlamento andaluz con el voto de todos los grupos salvo Ciudadanos, que fundamentó su rechazo en razones que parecían salidas directamente del argumentario nacional –no andaluz– del partido naranja.

La reiteración de Juanma Moreno en reclamar ‘lo suyo’ recuerda a aquella otra de años atrás de Manuel Chaves al Gobierno de José María Aznar, que el programa humorístico 'Las noticias del guiñol', de Canal Plus, popularizó rebautizando como ‘minolles’ los millones exigidos por el disléxico presidente socialista.

Donde dije digo...

Así pues, las secciones andaluzas de Partido Socialista y Partido Popular parecen haber intercambiado sus papeles por partida doble: primero lo hicieron cuando el Gobierno de España cambió de manos en junio de 2018 y más tarde dieron una vuelta más de tuerca a ese trueque cuando Susana Díaz fue desalojada del palacio de San Telmo por Juanma Moreno.

Hasta junio de 2018, el PP andaluz atacaba sistemáticamente al Gobierno andaluz y defendía no menos sistemáticamente al Gobierno central, pero a partir de esa fecha, ya con el socialista Pedro Sánchez en la Moncloa, los de Juanma Moreno también orientaron sus baterías contra el hasta entonces intachable Gobierno de España.

Llegado a la Junta en enero de este año, desde su toma de posesión el Ejecutivo conservador de PP y Ciudadanos se ha limitado a imitar la práctica de sus antecesores –inaugurada por Manuel Chaves cuando el PP llegó al poder en España en 1996– de utilizar la Junta como herramienta de oposición.

Donde dije Diego...

Simultáneamente, hasta junio de 2018 el PSOE andaluz cuestionaba sistemáticamente al Gobierno de Mariano Rajoy, enfatizando sus incumplimientos o exigiendo con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, pero, desde el momento en que Sánchez sustituyó a Rajoy, los de Susana Díaz aparcaron discretamente sus reproches y rebajaron drásticamente el tono y el alcance de sus exigencias, además, obviamente, de redoblar los unos y el otro en relación al nuevo Gobierno autonómico.

Encelados y distraídos con sus tácticas cortoplacistas, los partidos no suelen pararse a evaluar sosegadamente lo mucho que se desacreditan a sí mismos cuando practican sin rubor una parcialidad que, exhibida con tanto desahogo, da carta de naturaleza al cinismo, aleja a los ciudadanos de la política y multiplica el desdén popular hacia quienes la ejercen.