Ni el Partido Popular ni el presidente de la Junta de Andalucía se han comprometido explícitamente a aplicar con lealtad la futura Ley de Educación, conocida como Ley Celáa por el nombre de la ministra socialista que la ha impulsado.
Desde las filas conservadoras andaluzas, los mensajes al respecto son, como mínimo, ambiguos, aunque sugieren que la Administración autonómica, responsable de la aplicación de la ley, intentará esquivar los preceptos de ésta relativos a los centros concertados, el gran caballo de batalla del debate educativo junto con lo relativo al uso del castellano como lengua vehicular.
Tanto el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, como el vicesecretario general del PP, Toni Martín, recalcaron ayer que la Junta “garantizará la libertad de elección de los padres” a la hora de decidir el colegio de sus hijos.
"Vamos a garantizar la libertad de elección de los padres en el ámbito de Andalucía, que es un principio fundamental avalado por la Constitución", dijo Moreno en Málaga. En Sevilla, Toni Martín abundó en el mismo sentido: el PP llegará "hasta donde haga falta por defender la libertad" de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Olvidando el trágala que supuso la ley Wert, aprobada sin acuerdo por el PP gracias a su mayoría absoluta y después de que el propio partido rompiera unilateralmente el consenso alcanzado con el ministro Gabilondo, Moreno dijo que la ley Celáa se ha hecho sin ánimo de consenso: “Las cosas que nacen sin consenso tienen una limitación temporal; esta ha sido la ley educativa que más fricción y ruptura ha generado en este país en 40 años".
Con respecto a los centros concertados, la ley elimina la denominada "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Al contrario de lo que sucede ahora, los centros privados sufragados con fondos públicos no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
El vicesecretario general del PP andaluz parecía olvidar este hecho al afirmar que la enseñanza concertada –“330.000 familias, 20.000 trabajadores y casi 2.000 centros en Andalucía”, según sus datos– “garantiza que todas las familias, independientemente de su "nivel socioeconómico, puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”.
Precisamente una de las preocupaciones del legislador ha sido acabar con la práctica generalizada en los centros concertados –y contraria a la legislación aunque consentida en todas las CCAA– de imponer a sus alumnos cuotas que las familias con pocos recursos no pueden pagar, lo que a la postre las priva del derecho a la elección de centro que aseguran defender las derechas.
La ley Celáa prescribe que, cuando la demanda de plazas supere la oferta, las comisiones de admisión velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
