La batalla contra la sequía no se libra solo en los foros científicos que evalúan qué porcentaje de ella debe atribuirse al cambio climático. Ni en las comunidades de regantes que ven dramáticamente reducidos sus cupos de agua y temen –según cálculos de Asaja– pérdidas de hasta 8.000 millones de euros en el sector agropecuario a nivel nacional. La batalla ha llegado también a la política, donde la pugna no se da solo entre los partidos, sino entre las instituciones. 

Los estrategas de San Telmo y el PP andaluz están determinados a convertir la sequía en un arma política de primer orden. Desde finales a agosto, el presidente Juan Manuel Moreno y dirigentes del partido así lo vienen evidenciando en sus intervenciones públicas, en las que no cesan de repetir machaconamente el mensaje de que el Gobierno de España no está ejecutando en Andalucía las obras hidráulicas que le corresponden.

Ya durante la tramitación de la proposición de ley del Gobierno autonómico para amnistiar más de 1.500 hectáreas de regadío en la Corona Norte de Doñana, la principal justificación de la Junta para defenderse de las críticas ecologistas era que si el Ejecutivo de Sánchez realizara los trasvases comprometidos, los acuíferos del Parque Nacional no se verían afectados por el incremento de los regadíos. 

En ese contexto, no sorprendió la valoración política que ayer hizo Moreno de la reunión de la Mesa de la Sequía, convocada por el Gobierno central con autonomías y representantes del sector. El presidente cree que el resutlado del encuentro fue "decepcionante" y que Pedro Sánchez no está cumpliendo con Andalucía, lo que obligará a “cortar el agua” a la industria y al campo. "Quiero un calendario, ejecuciones, obras tangibles y compromisos del Gobierno central", advirtió por una parte el presidente andaluz al tiempo que aseguraba no querer “una batalla de competencias” con Madrid.

En la misma línea, la consejera Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, recalcaba la urgencia de poner en marcha las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún están pendientes en Andalucía y entre las que citó las conducciones de Rules (Granada). En contraste con la supuesta dejadez del Ejecutivo central, Crespo presumió de que "la Junta ha sido previsora y ha aprobado dos decretos de sequía que reúnen medidas por valor de 141 millones de euros para el 33% del territorio andaluz”.

Pero los reproches institucionales circulan en las dos direcciones. El sábado en Sevilla, el presidente Pedro Sánchez afeaba a Moreno no haber hecho "nada" frente a la situación de sequía y presumía por su parte de que, "en un ejercicio de anticipación", su Gobierno aprobó en marzo de este año "medidas por un valor de 450 millones de euros en beneficio del sector primario y todos aquellos afectados por la sequía".

También el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, interpeló en el mismo sentido al mandatario andaluz, al que acusó de “no haber ejecutado 17 obras” aprobadas por el Consejo de Gobierno hace dos años.

¿Quién tiene razón? La proliferación de informaciones contradictorias, la ausencia de informes técnicos elaborados por instituciones independientes y el propio atrincheramiento ideológico de los medios hace muy difícil que los ciudadanos puedan hacerse una idea cabal de la situación real y del grado de cumplimiento de sus compromisos por parte de uno y otro Gobierno. Quien dispone de medios afines más potentes o maneja con mayor astucia las redes sociales parece tener todas las de ganar.