Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha mantenido una reunión con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica en funciones, y ha decidido posponer la ley con la que pretendía legalizar regadíos en el Parque Nacional de Doñana. 

El Gobierno andaluz se abre ahora a buscar una alternativa. Además, han anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto para buscar soluciones a los agricultores afectados.

Esta decisión la ha dado a conocer este martes el presidente de la Junta en rueda de prensa desde el Palacio de San Telmo, junto con la titula de Transición Ecológica, todo ello en la víspera de la sesión de la Mesa del Parlamento andaluz en la que se iba a incluir en el orden del día del Pleno el debate final de la proposición de ley, la cual contaba, desde el primer momento, con la negativa de los grupos de izquierda en la Cámara y con el Gobierno central.

Moreno Bonilla ha defendido así que el aplazamiento del debate, que afecta a la comarca del Condado de Huelva del Parque (en concreto, los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado), es una muestra “firme y determinante” de la voluntad de firmar “acuerdos” por parte del su gobierno con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en funciones.

En la misma línea, el presidente popular ha añadido que esta demora se da “en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer y poder avanzar”. En estos términos, ha prometido asentar las bases para que el diálogo con Moncloa, especialmente con el Ministerio de Ribera, sea “fructífero, honesto y sensato”.

En aras de construir un nuevo marco mejorado de esta norma para dar remedio a las condiciones de preservación y protección de Doñana, se pondrán manos a la obra equipos de ambas administraciones, encabezados, por parte de la Junta de Andalucía, por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En cuanto al Gobierno, tendrán que “tirar de capacidad, de audacia, de complicidad y de generosidad para intentar buscar soluciones a algunos problemas que a veces son tan enconados y otros que son complejos de solucionar", ha añadido.

La semana que viene, está previsto que se reúna la comisión bilateral del Gobierno y la Junta para explorar alternativas a la ley de regadíos planteada por PP y Vox, contando, en esta ocasión, con todos los agentes implicados: desde agricultores y ganaderos afectados como los alcaldes de los municipios que componen la corona norte de Doñana. El compromiso de llegar a una propuesta sólida se ha fijado para el plazo de un mes.

Sendas críticas a la ley de regadíos

Desde el momento en que el Parlamento andaluz comenzó a tramitar la proposición de ley impulsada por el PP de Moreno Bonilla y con el apoyo de Vox sobre la legalización de regadíos en Doñana, las críticas estuvieron servidas a la orden del día. No sólo desde el Gobierno central, especialmente en voz de la ministra de Transición Ecológica, sino también desde organismos internacionales, tales como la UNESCO o la Comisión Europea, además de la comunidad científica, desde los cuales ahondaron en los riesgos que supondría poner en prácticas las pautas propuestas en la norma.

Por su parte, este martes, la plataforma Salvemos Doñana ha urgido a ambas partes, Gobierno central y Junta de Andalucía, que “se pongan de acuerdo” lo antes posible para gestionar el entorno de Doñana, especialmente dañado por los efectos del cambio climático y la sequía.

“Queremos, exigimos, rogamos que la proposición de ley se retire. […] Doñana hemos dicho, por activa y por pasiva, es un símbolo de la biodiversidad en Andalucía y de España y no estamos dispuestos a renunciar o a que la deterioren más de lo que está”, ha señalado el portavoz de la organización, Juan Romero, según ha recogido la Agencia EFE, enfatizando en la retirada, sin matices, de la ley de regadíos.