El proyecto de Ley de Regadíos de la Junta de Andalucía, que tanta polémica despertó por las consecuencias que tendría sobre el Parque Nacional de Doñana, se encuentra ahora en su recta final. PP y Vox, impulsores de la norma, trabajan a contrarreloj para impulsarla entre este mes y principios de octubre.
Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, ha reclamado este miércoles a la formación liderada por Juan Manuel Moreno Bonilla que, apoyándose en su mayoría “absolutísima”, acelere la tramitación de la proposición de ley de regadíos que se aplicará en aquellos municipios de Huelva cercanos a la zona norte de la Corona Forestal de Doñana. En estos términos ha sido como se ha expresado en rueda de prensa, señalando que “ya no hay excusas” para que el PP ralentice el proceso.
“Lo que tiene que hacer el PP-A es concluir el trámite de la aprobación cuanto antes”, todo ello en aras de que la ley pueda llevarse al Pleno de la Cámara regional a finales de septiembre o principios de octubre. “Esperamos que le dé celeridad y demuestre el compromiso que dice que tiene con los agricultores de la zona norte del condado de Huelva”, ha advertido, unas palabras que han llegado acompañadas de otra crítica para los populares, a quienes ha acusado de no poner en práctica todos los recursos disponibles para políticas del agua, condenando así que “no ejecutan ni siquiera lo que tienen en sus presupuestos”.
El PP de Moreno Bonilla niega “ralentización” en la tramitación
Por su parte, el PP de Moreno Bonilla ha sostenido este miércoles que la ley saldrá adelante “lo antes posible”, negando a la par que su tramitación se haya “ralentizado” en el tiempo, pese a que sí se paralizó con motivo del anticipo de las elecciones generales al pasado 23 de julio.
El portavoz de los populares, Toni Martín, ha precisado ante los medios de comunicación que la intención ya era aprobar la norma a finales del anterior periodo de sesiones -en julio- o en el próximo -este mes de septiembre-. Ha matizado en estos términos que la proposición de ley se encuentra tramitándose en estos momentos en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Cámara andaluza, en la que primera tiene que pasar la ponencia y, posteriormente, el dictamen; siendo este último el que después será conducido a la Mesa del Parlamento para su inclusión en la orden del día del Pleno en el que podrá darse luz verde a la misma. En palabras de Martín, el PP espera que la norma sea aprobada en este nuevo periodo de sesiones, que está previsto que se prolongue hasta finales de diciembre.
Los populares continúan manteniendo el discurso de que la Ley de Regadíos no dañará el ecosistema del parque protegido. Manuel Andrés González, presidente de la formación en Huelva, ha reafirmado que la norma “no tiene nada que ver” con Doñana ya que, lo que se pretende a fin de cuentas es “salvaguardar el entorno por encima de todo”.
“Cuando llegue el momento se le explicará a la Unesco o a quien sea necesario que, con esta ley, no se va a permitir coger ni una gota del acuífero”, ha garantizado, en alusión el aviso de la Unesco emitido el pasado mes de mayo para que antes del 1 de diciembre de 2024 el Gobierno central envíe un informe sobre el estado de conservación de Doñana para implementar medidas “de urgencia” para su conservación y protección, además de pedir el cierre de todos los pozos ilegales.
Pese a las reiterativas críticas por parte del Ejecutivo central y de organismos internacionales ante la ley de PP y Vox en Andalucía, los de Moreno Bonilla echan balones fuera para señalar la postura del presidente Pedro Sánchez sobre este respecto. “Si tuviéramos un Gobierno de España al que verdaderamente le interese Doñana y la provincia de Huelva ejecutaría las obras hídricas necesarias para almacenar agua cuando llueve”, ha afeado González.
La seria advertencia de la Unesco
Tal y como se ha descrito en líneas anteriores, el organismo de la ONU ya envió una seria advertencia a España para salvaguardar a uno de los grandes pulmones naturales de Europa: Doñana.
Más de tres meses después de que la Unesco mostrase abiertamente su preocupación por el estado de este ecosistema, han materializado un ultimátum: o se ponen en marcha medidas urgentes para frenar los efectos del cambio climático o la reserva pasará a formar parte de la Lista de Patrimonio en Peligro, es decir, una especie de ‘lista negra’.
Esta postura ha quedado claramente reflejada en su último informe: “Si el continuo deterioro del acuífero de Doñana no se revierte mediante la implementación rápida y efectiva de medidas, incluidas las recomendaciones de la misión de observación de 2020, para fortalecer la resistencia del parque y reducir las presiones sobre este bien Patrimonio Mundial derivadas del impacto del cambio climático, podría provocar un impacto negativo y generar las condiciones para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro”, a la par que insiste en que la normativa de regadíos que planea la Junta supone una “preocupación extrema” por la “legalización de pozos ilegales”.
