El ex número dos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, podrá incorporarse a Asisa, empresa a la que regó de dinero público otorgándole casi 44 millones de euros en contratos sin someterlos a concurso público. Lo tendrá que hacer, eso sí, dentro de cuatro meses.

De esta manera se reconoce que Guzmán vulneró la Ley de Incompatibilidades de altos cargos al fichar por la mencionada aseguradora tres meses después de cesar como viceconsejero. Sin embargo, no está inhabilitado de por vida para fichar por la compañía, y es que el informe de la Consejería de Justicia concluye que, si bien su paso a la privada es incompatible ahora, no lo es dentro de cuatro meses. Así se desprende de un comunicado del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla de este mismo viernes.

Antes de que la Junta remitiera este documento, el interesado había anunciado en otro texto que aplazaba su incorporación a Asisa, prevista para este lunes, hasta que conociera el resultado del citado informe de Justicia. Ahora, la resolución de la administración pública andaluza ha resuelto que Guzmán puede incorporarse a la firma privada a la que benefició con cerca de 44 millones de euros en contratos a dedo el próximo 29 de julio.

El comunicado es muy explícito: el fichaje “constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año, fecha en la que se cumplirán los dos años desde su cese en el SAS”. La Junta se niega a hacer público este texto pero, según refleja éste, la incompatibilidad se encontraría motivada por los 14 contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se firmaron con las entidades relacionadas a la empresa aseguradora entre 2019 y 2022.

La competencia, asienta el documento, “no se altera” aunque los contratos fueran firmados por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, y “no directamente por Guzmán”. Es por esto por lo que las líneas apuntan que “de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos”, pero que “los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero”.

El informe considera así que el fichaje es incompatible ahora dado que no han pasado los dos años preceptivos que establece la ley desde que el ex número dos dejó de ser gerente del SAS), etapa en la que firmó esos contratos sin concurso público -es decir, “a dedo”- en favor de Asisa. No obstante, la incompatibilidad no le durará más de cuatro meses, al no apreciar la Inspección General de Servicios de la Junta conflicto de interés desde que fuera nombrado viceconsejero de Salud, en 2022.

La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante fue modificada en su Disposición final segunda de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, que limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años después de que sean cesados. De ahí que en el caso del protagonista de estas líneas pueda formalizar su contrato el 29 de julio de 2024, dos años después de ser cesado como gerente. 

43,6 millones de euros a Asisa sin contrato público

Entre enero de 2021 y junio de 2023, el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla otorgó a dedo un total de 242,7 millones a clínicas privadas para derivar a pacientes a la pública con la intención de sanear las listas de espera y aliviar, siempre según la versión de la Administración, la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”. Los expedientes se aprobaron “sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa” y se acogió al procedimiento de emergencia implantado por el Gobierno central.

Del montante total, Asisa recibió casi el 18% del total de las subvenciones, de manera que la Junta de Andalucía benefició especialmente a este grupo, siendo el primero o el segundo que más fondos recibió en cinco provincias de la región, con un total de 43,67 millones. Con este acuerdo de emergencia se adjudicaron a dedo fondos a un total de 79 hospitales y clínicas privadas de la región. La administración pública los prorrogó tres veces, hasta el verano de 2023, acogiéndose a un Real Decreto ley que había sido derogado dos años antes. En dichas ampliaciones, el presupuesto inicial se llego a triplicar, pasando de los 70 a los 242,7 millones de euros.