El lunes se celebró el primer debate electoral entre los candidatos a presidir la Junta de Andalucía, televisado por RTVE, y donde las izquierdas salieron reforzadas tras conseguir acorralar a Moreno Bonilla frente a su propia gestión. El presidente andaluz fue incapaz de responder dos preguntas fundamentales y que atañen a su gestión de forma directa: "¿Qué pasó con las mujeres afectadas por la crisis de los cribados del cáncer de mama?" y "¿Qué ha pasado en la Diputación de Almería, con el caso PP de Almería?", donde hay más de 40 investigados vinculados con el PP almeriense, comenzando por el que sería el presunto eje de la trama corrupta, el expresidente de la Diputación y miembro de la Ejecutiva de Moreno Bonilla, Javier Aureliano García.
En cualquier caso, en el debate primó una férrea defensa de las izquierdas de los servicios públicos, especialmente de la sanidad pública. La estrategia del presidente andaluz fue "disparar" de vuelta, especialmente a la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, contra la que dirigió prácticamente la totalidad de sus ataques para esquivar los temas relativos a su propia gestión.
Entre esos ataques el presidente andaluz aseguró que durante la etapa de María Jesús Montero al frente de la consejería de Salud (2002-2013), la socialista "despidió hasta 7.700 profesionales sanitarios". Una cifra que no solo no se corresponde con la realidad sino que además ya ha sido desmentida, aunque al presidente andaluz no le importó para utilizarla contra la socialista.
Del "despido" al reforzamiento de la plantilla
La oposición ha criticado en Andalucía que las políticas de Moreno Bonilla son las mismas que las de Isabel Díaz Ayuso. No en vano, comparten organización política y, por tanto, ideología. La diferencia es que mientras la baronesa madrileña acapara pomposos titulares y se bate en la refriega política, el andaluz es más estratega. Bajo el halo de "estabilidad" y "serenidad", Moreno aplica las mismas políticas de "privatización" del PP madrileño.
Estas políticas han provocado en Andalucía una situación límite, hasta el punto de que la sanidad ha escalado a convertirse en el principal problema de los andaluces. Ante esto, las izquierdas han reforzado su apuesta por la sanidad pública, y el PP está tratando de minimizar ese impacto. No es la primera vez que Moreno utiliza esa cifra, los supuestos 7.700 despidos en la etapa de Montero, contra el PSOE andaluz. En múltiples sesiones de control ha sido su modus operandi, aunque es una cifra que está totalmente desmentida y contrastada.
Si nos fijamos exclusivamente en el número de efectivos totales, según los datos del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2002 -cuando Montero llega a la Consejería- había un total de 77.307 efectivos totales, de los cuales 4.415 eran médicos de familia. De este modo, cuando la socialista abandona Salud en 2013, había un total de 92.711 efectivos en el SAS, de los que 7.314 eran médicos.
Es decir, en un cómpluto global de efectivos y médicos, durante la etapa de Montero al frente de la Consejería de Salud en el SAS hubo un aumento de 2.899 médicos y 15.404 efectivos en general. La socialista pasó en 2013 a dirigir el departamento de Hacienda hasta 2018. Y si nos fijamos durante esos cinco años en la evolución de la plantilla médica, el relato del PP tampoco se corresponde con la realidad, ya que se contrataron 3.485 médicos más, tal y como explicó Newtral.
Cámara de cuentas
El bulo utilizado por Moreno, y replicado en el Congreso por diputados del PP andaluz, como Juan Bravo, nace de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2013. En dicho documento, se señala que entre 2011 y 2013, cuando Montero era consejera de Sanidad, “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos”, de los cuales 1.286,8 eran facultativos, el resto eran enfermeros, auxiliares o administrativos.
Este dato no abarca toda la legislatura de Montero, sino tan solo dos años, y en cualquier caso no se refiere a facultativos médicos, sino a "efectivo neto". Es decir, no se corresponde a empleados reales, sino que suponen un cálculo de las jornadas reales teniendo en cuenta el porcentaje de contratación (jornada completa o parcial) o el porcentaje de jornada realizada entre el número de días del periodo que se utiliza.
Según el propio informe de la Cámara, los "la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales explicaría la reducción en 4.643,81 efectivos. En concreto, las categorías profesionales en las que la disminución ha tenido mayor incidencia han sido las siguientes: Enfermería (1.919,82), Administrativos (1.609,98), Facultativos (1.286,80) y Auxiliares de Enfermería (1.266,37).
Por otro lado, tal y como explicó Newtral, el SAS presentó una alegación asegurando que, si se mide la evolución de los efectivos contratados con independencia del porcentaje de jornada realizada por los mismos, hubo una disminución real de 791,70 trabajadores en Andalucía entre 2011 y 2013, no de 7.773. Por tanto, no es verdad que durante la etapa de Montero se despidieran 7.700 profesionales sanitarios. Todo lo contrario, aumentaron en términos absolutos. Y en caso de utilizar la medición porcentual de la Cámara de Cuentas, el calcúlo se correspondería con 791,70 trabajadores entre 2011 y 2013, no de 7.770.
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