Numerosas personalidades de los ámbitos cultural, político y social han suscrito un manifiesto que reclama la absolución de las familias de la Corrala Utopía, los dos bloques de viviendas abandonadas y propiedad de IberCaja que fueron ocupados en 2012 por familias sevillanas desahuciadas en situación de exclusión social. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís Mónica Oltra, el director de cine Benito Zambrano y la exdirigente socialista Beatriz Talegón, entre otros, piden la absolución de las familias de la Corrala Utopía que se enfrentan a partir de este viernes a un proceso judicial que supera los 40.000 euros en multas económicas. Piden también la absolución para las familias de la Corrala Utopía la finalista del Premio Planeta en 2011, Inma Chacón, el poeta y catedrático de la Universidad de Granada Luis García Montero, el humorista Facu Díaz, el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez o el cantaor José Domínguez El Cabrero. El texto, que también ha sido suscrito por la directora de cine andaluz Pilar Távora y por la histórica activista transexual Mar Cambrollé, señala que “la Corrala Utopía refleja la vulnerabilidad de miles de familias y la inacción de las instituciones democráticas para dar solución al derecho humano, universal y constitucional de acceso a una vivienda digna”. UN PAÍS DESPEÑADO Los firmantes defienden el “símbolo” que representa la Corrala Utopía y dicen que es “la fotografía que de un país que se ha despeñado por el acantilado de la desigualdad, la pobreza y el sadismo con las personas más castigadas de nuestra sociedad”. Para las personas que suscriben el manifiesto ‘Yo firmo por la absolución de las familias de la Corrala Utopía’, la lucha de estas familias “por el derecho a la vivienda digna” significa “el empoderamiento de la gente sencilla en defensa de sus derechos y contra la usura de un sistema bancario que tiene en el bipartidismo a su principal aliado”, sostienen. Asimismo, recuerdan que el desalojo en abril de 2014 “por la fuerza bruta policial” evitó una salida pactada “que en ese momento negociaba la consejera de Vivienda Elena Cortés” con la entidad propietaria del edificio. “El Gobierno de España tenía que evitar a toda costa que las familias salieran del edificio cantando victoria”, dice el manifiesto que ha sido promovido por la revista andaluza de pensamiento y cooperación política Paralelo 36. Quienes suscriben ‘Yo firmo por la absolución de la Corrala Utopía’ recuerdan que el PSOE, “en lugar de salir en defensa del derecho a la vivienda, no tardó en situarse al lado de los bancos”. El manifiesto denuncia “el uso partidista escandaloso de Canal Sur” durante los días del desalojo que terminó con Susana Díaz retirando a Izquierda Unida las competencias de adjudicación de vivienda pública, lo que provocó una “crisis del cogobierno andaluz”. 1.500 FIRMANTES Por todo ello, las 1.500 personas firmantes solicitan la absolución de las familias de la Corrala Utopía porque consideran que “una sociedad no se puede construir sobre el sufrimiento de las personas más vulnerables y que defender el derecho a una vivienda digna no es delito”. De la misma manera, afirman que la imputación de las familias de la Corrala Utopía por un delito de usurpación pretende “empeñar una lucha noble, pacífica y democrática” que tiene como objetivo “criminalizar a la gente sencilla que se organiza para defender sus derechos”. Además de las personas ya citadas, suscriben también el manifiesto los líderes de IU, Participa Sevilla y Equo en la capital hispalense, Daniel González, Susana Serrano y Esteban de Manuel, respectivamente, los eurodiputados Miguel Urban y Javier Couso, el escritor y transactivsita Shangay Lilly, la psiquiatra Carmen Cañada, el exdefensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, la líder de Iniciativa por Andalucía, Lucía Márquez, el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y Juan Carlos Monedero, uno de los promotores de Podemos. Las familias que vivieron en los pisos propiedad de IberCaja, situados en la avenida Juventudes Musicales de la capital andaluza, se enfrentan a partir de este viernes 4 de septiembre en los Juzgados de lo Penal de Sevilla a un proceso judicial por un delito de usurpación y a la petición por parte de la Fiscalía de multas económicas que suman más de 40.000 euros.