"Nos satisface enormemente que el Ministerio de Sanidad haya adoptado el método andaluz para la recogida de datos; ahora se pedirá a las comunidades que se diferencie entre casos positivos sintomáticos y asintomáticos y entre los resultados obtenidos por PCR y test rápidos. Es una buena noticia que evidencia que el procedimiento que se venía siguiendo en Andalucía era el correcto y que vuelve a colocar a Andalucía como líder en la gestión de la crisis sanitaria".

Son palabras de hoy del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha vuelto a poner en contraste los muchos aciertos del Gobierno autonómico frente a los muchos errores del Gobierno central en la crisis del coronavirus. Su comparecencia se ha producido al término de una reunión de seguimiento de la pandemia en la que han participado los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

Un relato de éxito

Marín no solo ha presumido de los éxitos y “la capacidad de anticipación” de la Junta, sino también de sus “planes de choque”, del “civismo y la solidaridad” de los andaluces, de su “talento y agilidad para diseñar materiales que son referencia a nivel nacional y mundial", del "músculo de nuestras empresas" y del “coraje y la valentía” de los sanitarios del Sistema Andaluz de Salud.

En contraste con las virtudes de la Junta, la gestión del Gobierno central adolece de numerosas debilidades, en opinión de Marín, quien le ha pedido al Ejecutivo que actúe de modo “razonable y con sentido común” pactando con las autonomías un plan nacional de desescalada del confinamiento.

Tampoco el presidente Pedro Sánchez en particular está haciéndolo bien: sus convocatorias dominicales a los presidentes autonómicos no pueden seguir siendo “un café donde Sánchez da cuenta de las decisiones que ya ha tomado”.

Anatomía de un fracaso

Cierto que el Gobierno central “tiene el mando único”, ha reconocido Marín, pero “no puede decidir por sí mismo una cuestión que afecta a 50 millones de personas”.

El vicepresidente andaluz también considera que el Gobierno de España está tomando “medidas unilaterales que confunden a la gente y confrontan a unos españoles con otros españoles".

Marín no ha olvidado incluir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su relación de agravios y reproches: no debe seguir “tirando el dinero de las políticas activas de empleo que corresponde a las comunidades autónomas”, a las que debería devolver esos fondos, que en el caso de Andalucía ascienden a 430 millones de euros.

Descuadre de datos

En cuanto al ‘método andaluz’ de recogida de datos que, según Marín, el Ministerio de Sanidad habría copiado, en realidad los cambios introducidos por el departamento que dirige Salvador Illa son mucho más numerosos.

Dado el descuadre cada vez más flagrante de datos de contagiados, curados y fallecidos remitidos por los territorios, Ministerio de Sanidad ha impulsado una orden por la que adapta y unifica el procedimiento de notificación de información que las comunidades autónomas deben remitir al Ministerio, "para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones y asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis sanitaria".

Una de las diferencias con el método anterior es que ahora las CCAA deben incluir no solo las muertes ocurridas en los hospitales, sino también las habidas en las residencias y en los domicilios.

La orden ministerial

La orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, y que modifica la orden de 15 de marzo, detalla que las comunidades deberán informar al Ministerio de Sanidad de las unidades de kits de diagnóstico PCR de que disponen y del número de estas pruebas que han realizado cada semana, así como de los materiales de protección individual, como las mascarillas.

A partir de ahora, además de diferenciar los casos sintomáticos y aquellos que no presentaban síntomas en el momento de realizar la prueba, las autonomías deberán diferenciar entre los resultados obtenidos por PCR y aquellos realizados mediante test rápidos de anticuerpos. También incluye Sanidad la necesidad de que las comunidades autónomas incorporen los casos notificados entre el personal sanitario.

Las autonomías, precisa la orden ministerial, también deben especificar las infecciones ya resueltas en el momento de la notificación. Igualmente, se obliga a todos los centros hospitalarios públicos y privados con camas de UCI, reanimación o recuperación post-anestesia que atiendan casos de Covid-19 a comunicar el número total de camas que tienen en unidades críticas con y sin respirador y el de ingresos en hospitalización convencional.