Este martes se cierra el ciclo de comparecencias de ex altos cargos de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. La principal incógnita a partir de ahora es cuánto tardará el juez del Alto Tribunal en decidir si propone a la Sala de lo Penal la imputación en firme de los investigados y esta solicita a las cámaras legislativas el suplicatorio para la apertura de juicio oral. Todas las opciones están abiertas. Inicialmente los investigados se mostraban confiados en que la causa no prosperaría y, una vez que recalara en el Supremo, este la archivaría sin proseguir el camino hacia el juicio oral. Hoy el clima entre los cinco ex altos cargos es más sombrío. El magistrado Alberto Jorge Barreiro concluirá así la ronda de declaraciones de los cinco aforados nacionales imputados en la causa con la comparecencia de la exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía Mar Moreno. Los tiempos son sumamente importantes en esta causa. La propia investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta está pendiente de lo que ocurra en el Supremo. Los partidos que puede facilitar la investidura exigen que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dimitan como diputado y senador, pero si el juez Barreiro archiva su caso la presión política exigiendo su dimisión se rebajaría significativamente. MISTERIOSA IMPUTACIÓN Las razones de la propuesta de imputación de Moreno por parte la instructora Mercedes Alaya siguen siendo un misterio en algunos medios judiciales, dado que un informe de la Guardia Civil admite que la exconsejera –al contrario que Gaspar Zarrías– no llegó a presidir ninguna reunión de viceconsejeros donde se adoptaran decisiones relacionadas con las ayudas sociaolaborales. De este modo, Mar Moreno será la última aforada en comparecer en el Supremo tras las declaraciones prestadas durante las dos últimas semanas por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Tras la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya, el Supremo citó como imputados a los cinco aforados en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas". Para poder interrogar a la senadora Mar Moreno, el instructor ya tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la propia Moreno y Zarrías. UN CASO DISTINTO En este atestado, los agentes concluyen que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros --los denominados 'consejillos'-- en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles'. En este sentido, los agentes dicen que "caso distinto" es el de Mar Moreno, ya que durante el tiempo en que ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores". "De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo. Para llegar a estas conclusiones, los agentes analizan un total de 26 actas de otros tantos 'consejillos' celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al 'consejillo'. FACULTADES DECISORIAS Los agentes concluyen que, del estudio de las sesiones de los 'consejillos' descritos, "se infiere que este órgano colegiado tiene facultades decisorias en cuanto a vetar asuntos que pudieran recalar en el Consejo de Gobierno", pues la Comisión "evaluaba independientemente los asuntos remitidos al Consejo de Gobierno y tenía la potestad para 'retirar acuerdos, incluirlos en el orden del día de otra sesión, elevarlos a Consejo de Gobierno...'". A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".