El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha puesto en duda que la XIII legislatura andaluza arranque con estabilidad real. El portavoz sostiene que la solidez del nuevo Gobierno de Moreno Bonilla dependerá, en última instancia, de si PP y Vox consiguen gobernar en España tras las próximas elecciones generales de 2027.
En una entrevista, el también coordinador federal de Izquierda Unida ha afirmado que PP y Vox tienen ahora “voluntad” de dar una imagen de estabilidad en Andalucía, aunque eso no garantiza que la legislatura vaya a serlo. A su juicio, los “ejecutores” del acuerdo no están en Sevilla, sino en Madrid: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Igualmente, Maíllo ha sostenido que ambos líderes estarán condicionados por la posibilidad de alcanzar un acuerdo estatal y que, si no consiguen formar Gobierno en España, la estabilidad de la Junta se vendrá abajo. “La estabilidad en Andalucía se cae al día siguiente”, ha advertido, porque el pacto andaluz, según su lectura, no se entiende sin la aspiración compartida de acceder al poder central.
Crítica al giro de Moreno
El dirigente de Por Andalucía ha calificado de “derrota” política el resultado para Moreno. En su opinión, el presidente andaluz sería más sincero si reconociera que ha acabado formando una “gran alianza con Vox” y que ha firmado “el acuerdo más reaccionario” con la ultraderecha.
Así, Maíllo considera que el líder del PP-A ha perdido la imagen de moderación que ha proyectado durante casi ocho años en el poder. A su juicio, ese perfil “ya se ha acabado” tras aceptar un pacto que, según denuncia, incorpora buena parte de la agenda de Vox y supone un alineamiento con la “derecha autoritaria y la extrema derecha”.
Entre las consecuencias de ese acuerdo, el portavoz de Por Andalucía ha subrayado el riesgo de que Andalucía adopte políticas marcadas por el negacionismo climático. Ha criticado que el PP-A y Vox hayan firmado su rechazo al Pacto Verde y a la Agenda 2030, justo cuando la comunidad afronta incendios forestales y otros episodios ligados a la crisis ecosocial.
Incendios y precariedad
Del mismo modo, Maíllo ha vinculado esa posición política con la gestión de los incendios forestales, al advertir de que resulta incoherente poner “al zorro a cuidar del gallinero” mientras se niega el cambio climático. Según ha dicho, los fuegos registrados este verano en Almería y Huelva son una muestra de la gravedad de la situación y de la necesidad de reforzar un dispositivo público de extinción.
El dirigente de IU ha denunciado además la situación del Infoca, al que acusa de sufrir recortes de plantilla, precariedad laboral y falta de reconocimiento profesional. En su opinión, ese deterioro puede empujar a trabajadores formados a abandonar el dispositivo si encuentran empleos más estables o mejor remunerados.
Maíllo ha defendido que frente a los incendios habrá coordinación entre administraciones, pero ha insistido en que el problema de fondo está en la decisión política de debilitar servicios públicos esenciales. También ha recordado que Vox no ha reclamado áreas como educación, sanidad o dependencia en el nuevo Gobierno andaluz porque, a su entender, “el propio Partido Popular” ya le está haciendo ese trabajo.
Sin interlocución con la oposición
El portavoz de Por Andalucía ha negado que el PP-A se pusiera en contacto con su grupo tras las elecciones para explorar una investidura de Moreno sin Vox. Según ha explicado, no hubo ninguna llamada y tampoco existe, por ahora, interlocución real con la oposición.
Por su parte, Maíllo ha considerado que la idea de una repetición electoral en octubre era una “ficción” para justificar el pacto con Vox y ha apuntado que el acuerdo fue diseñado en Madrid por el PP y el partido de Abascal. En ese relato, Moreno habría actuado como “capataz” que firma un texto ya cocinado, sin protagonismo propio.
El dirigente de Izquierda Unida ha concluido que el presidente andaluz ha engañado a sectores amplios de la sociedad que lo creían moderado y que ahora descubrirán, dice, una agenda más dura y reaccionaria. También ha lamentado que el acuerdo no incluya ninguna referencia a violencia de género ni a políticas para frenar una realidad que ya deja víctimas en Andalucía.
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