Patricia Cuadrado, presidenta del Comité de Empresa de los Monitores de Educación Especial que exigen sus derechos y una educación pública de calidad, explica en esta entrevista las coordenadas de una lucha que se augura larga. –Para cualquier persona que no conozca el problema, ¿podrías decir en pocas palabras qué es lo que está pasando con los monitores de Educación Especial? –En pocas palabras sería muy difícil resumir toda la problemática que estamos presenciando, pero no de ahora sino de hace más de 10 años, que se empezó a exteriorizar el servicio de Monitores de Educación Especial. Hay una demanda de Monitores de Educación Especial (M.E.E), de la cual la Junta de Andalucía no quiere hacerse, lo que deriva en que cada dos años saquen a concurso público nuestros puestos y las empresas privadas pujen a la baja por nuestros servicios, es decir, el que menos dinero presupueste con mayores servicios este es el que gana. La consecuencia es no solo una merma de las condiciones salariales, sino un tráfico ilegal de trabajadores. Estas empresas sólo se limitan a formalizar contratos y nóminas, aunque algunas de ellas ni eso; por ejemplo, en una de las últimas subrogaciones, donde pasamos de manos de una empresa a otra, el 90% de los contratos tenían errores, eso sin contar nóminas sin pagar y retraso en el pago de las mismas, etc. –¿De quién es la culpa? –A mí siempre me gusta recalcar que esto ocurre bajo el beneplácito de la Administración Pública y el ente público I.S.E., ahora llamado Agencia Andaluza de Educación y Formación, porque ellos son los culpables en primer grado de que esta situación tenga lugar, ¡y con dinero público que pagamos todos! Porque, por supuesto, que estas 'empresas vampiro', como yo las llamo, se llevan su buena tajada de todo esto a costa de la fuerza del trabajador. Mucho se ha hablado que toda esta precariedad influye en la prestación del servicio: para nada, somos un colectivo con plena dedicación y años de experiencia, y con informes no favorables sino excelentes de los equipos directivos  de los colegios públicos donde prestamos nuestros servicios. –La lucha lleva ya un tiempo, pero ahora viene una movilización el día 9 de septiembre donde vais con mucha fuerza. ¿Cómo se gesta esta nueva movilización? –Efectivamente el día 9 de septiembre estaremos en Torre Triana de 11:00 a 14:00, todos los M.E.E de las ocho provincias andaluzas, entre todos los trabajadores sumamos un colectivo de más de 800 personas. Estáis invitados. Lo que nos ha llevado a esta movilización es, dicho  de manera coloquial, que ya no podemos más, que estamos hartos de reunirnos con altos cargos de Consejería de Educación, del I.S.E, políticos andaluces de primera plana, Defensor del Pueblo... y lo único que hemos recibido es "¡Pobrecitas, qué injusticia más grande!", pero si te he visto no me acuerdo. –¿Cómo está la situación en este momento? –Es insostenible, en algunas de las provincias estas empresas se están retirando porque ya no les resulta lucrativo tener que lidiar con unos trabajadores antes sumisos pero que ya no lo son. Ya no les salimos rentables. –¿Pero y el convenio, no se respeta? –No sólo estamos ante un caso de tráfico de trabajadores sino que estas empresas incumplen de manera tácita el  XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, establecido en la licitación que el ente público sacó a concurso. ¿Cómo? No pagando salarios en base a categoría profesional, contratándonos como trabajadores en centros asistenciales, cuando claramente prestamos nuestros servicios en centros docentes públicos. Además, no disfrutamos de vacaciones y cuando llega junio nos echan a la cola del paro. –Parece indignante que un servicio como el de atención a los niños y las niñas con disfuncionalidad haya caído en manos de lo privado. Y no sólo de lo privado, si no del paradigma de explotación y precarización que son las Empresas de Trabajo Temporal. ¿Por qué esto es así?  –Eso habría que preguntárselo a la Consejera de Educación y al director general de la Agencia Andaluza de Formación y Educación. Nosotros estamos abiertos al diálogo y creo que sería más productivo y menos traumático para todos encontrar una vía diplomática al conflicto, pero como ya he dicho, están ignorando al colectivo, a la problemática y me atrevería a decir que hasta al colectivo de alumnos de M.E.E con el que trabajamos. Por lo que a única vía que nos dejan es la demanda judicial y la demanda a la inspección de trabajo. –La mayoría de vosotros sois personas muy cualificadas para este trabajo y estáis prestando un servicio público, ¿esto cómo encaja en la Junta de Andalucía? ¿Por qué no quieren asumir estos puestos de trabajo con mayor calidad en lo laboral y con estabilidad para los trabajadores?  –La Consejería lo encaja estupendamente: una mano de obra sobre cualificada a bajo coste, sin preocuparse de nada, ¡hasta ahora, claro! El chollo del siglo. Tú, empresa, te llevas el pellizco y yo me desentiendo de todo. Es una bomba a punto de explotar, pero da la sensación que es lo que la Junta quiere... A mí me viene a la mente el caso de las auxiliares administrativas, que estaban en una situación como la nuestra y fueron despedidas y humilladas, quien denunció entró como personal laboral de la Junta y quien no, se quedó en su casa, ahorrándose la Administración los puestos. –¿Qué dicen los sindicatos?  –Tenemos el respaldo 100% de los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. Estamos intentando hacer visible a nuestro colectivo y nuestra problemática, que no es poco. Por lo demás, me gustaría matizar, que hay una implicación por parte de los trabajadores aplastante: somos capaces de enfrentarnos a diez Juntas de Andalucía, a diez ISE y a diez consejeros porque por encima de todo tenemos la verdad de nuestro lado y ante eso no hay organismo público capaz de acallar nuestra voz.