De entrada, la crisis nos coloca en una situación de realismo social, nos obliga a madurar en cuanto a nuestra verdadera situación económica, a no sobrevalorarnos ni en lo colectivo ni en lo individual. Estoy seguro de que nunca más nos fiaremos de aquellos bancos que nos ofrezcan créditos que en muchos casos estaban por encima de nuestra capacidad, o al menos no tenían en cuenta que la economía podía sufrir fluctuaciones. En lo que ha pasado con créditos e hipotecas podríamos hablar de una responsabilidad compartida, y cada cual asignará un porcentaje diferente de la misma a unos y otros, porque malo era que nos pusieran el caramelo al alcance de la mano, pero no era bueno tampoco el que lo cogiéramos sin preguntarnos por el sabor que tenía, y sobre todo por el regusto final que podía quedarnos.
Por otro lado, la crisis también nos va a conducir a una actitud de realismo político. A partir de ahora, todos se pensarán más de una vez las promesas electorales, pero sobre todo se ejercerá un mayor control sobre cuánto y en qué se gasta. No tengo ninguna duda acerca de que uno de los compromisos debe ser mantener el Estado social, entre otras cosas porque forma parte del contenido del texto constitucional, pero desde luego habrá que repensar su contenido. Me centraré en el ámbito educativo que es el que mejor conozco por razones profesionales. Por supuesto, hay que mantener una educación obligatoria y gratuita que alcance al máximo de edad posible, pero en los últimos años se han puesto en marcha actuaciones que no tienen nada que ver con principios sociales. Así, nunca he entendido que todos los alumnos recibieran de forma gratuita los libros de texto, puesto que hay muchas familias, una buena parte de ellas hasta hace poco, que no tenían necesidad alguna de recibir esa ayuda, e idéntico es el caso de la mochila digital que reciben desde hace unos años los alumnos. El Estado social debe garantizar la igualdad, es decir, que no haya alumnos que puedan ir a clase con su ordenador y otros que no se lo puedan permitir, pero no tiene por qué dárselo a todos. La calidad del sistema educativo sería hoy día idéntica si quienes tienen medios para ello hubiesen pagado sus libros y ordenadores, pero habríamos podido dedicar ese dinero a otros fines, también de interés social.
En relación con el mundo de la educación hay otra cuestión importante, aunque en este caso no es de ámbito andaluz. Si los gobiernos socialistas, desde 2004 a hoy, se hubiesen planteado la denuncia de los tratados con la Santa Sede y la enseñanza de la religión hubiese salido del ámbito educativo, tal y como correspondería a un país laico, el Estado habría dispuesto de una buena cantidad de millones de euros para otras necesidades sociales.
¿Existe una alternativa a la crisis desde la izquierda? Quizás para tenerla habría que comenzar por recuperar uno de los signos de identidad de la izquierda: la racionalidad acompañada de una sana autocrítica, si lo conseguimos será otro de los aspectos positivos que nos ofrezca el momento crítico que vivimos.
* José Luis Casas Sánchez es Profesor de Historia
