Tras una larga mañana de inacción que había desconcertado a la comunidad universtaria y a la opinión pública, la Universidad de Sevilla ha decidido al filo de las cuatro de esta tarde suspender de toda actividad académica al catedrático Santiago Romero --condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación-- con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación.
Según ha explicado la Hispalense en una nota publicada en su sitio web, una vez que ha recibido en el transcurso de este martes la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2, y tras estudiarla, ha decidido reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal. Cabe recordar que fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento. La apertura del expediente sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.
La actitud de la Universidad de Sevilla durante toda la mañana de este martes ha resultado desconcertante. Mientras arreciaban los reproches públicos al profesor condenado por abusos, la Hispalense se limitaba a hacer público un tibio comunicado en el que ni siquiera dejaba claro qué haría cuando le fuera notificada la sentencia: simplemente se limitaba a protestar por no haberle sido remitida la resolución judicial pese a haberse publicado en algunos medios e informaba de que había “activado toda la maquinaria normativa para poder tomar las decisiones correspondientes con la mayor celeridad”. Por fin, alrededor de las cuatro de la tarde se hacía pública la esperadísima decisión: Santiago Romero quedaba ofeicialmente suspendido de toda actividad docente.
Primero, mal; luego, mejor
Precisamente, el papel jugado en un principio por la Universidad de Sevilla cuando las profesoras denunciaron a Romero hace cinco años no fue lo que se dice ejemplar.
La institución solo empezó a dar amparo real a las víctimas, y así lo han reconocido ellas mismas, cuando en marzo de 2012 llegó al Rectorado el hoy consejero de Economía y Conocimiento Antonio Ramírez de Arellano, que fue quien dio traslado de la denuncia a la Fiscalía y amparó a las afectadas desplegando una serie de medidas cautelares de protección, entre ellas la división del propio departamento para que víctimas y verdugo no coincidieran en los mismos horarios y espacios de trabajo.
La condena
Como se recordará, se ha impuesto al acusado dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre las víctimas, que incluso tuvieron que dejar la universidad, y un año de prisión por el delito de lesiones. Igualmente, el juzgado ha condenado al catedrático a pagar una indemnización total de 110.000 euros a las tres víctimas --30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas-- y ha declarado responsable civil subsidiaria a la Universidad de Sevilla.
El juzgado ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso "indebido" del procedimiento, ya que hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2010 y el juicio, finalmente, no se celebró hasta el pasado año 2016.
