Pablo Iglesias ha propuesto una “renta complementaria” para quienes cobren menos de 900 euros y una renta garantizada para personas sin ingresos que rondaría alrededor de los 600 euros. Sobre la renta para personas sin ingresos, nada que objetar, un país rico como es España no puede tener una bolsa de personas sin ingresos como la que tiene. Además de ser políticamente inmoral, es económicamente un suicidio porque la pobreza es a todas luces insostenible para el desarrollo económico de cualquier país. Sin embargo, la “renta complementaria” que propone Iglesias, para quienes ganan menos de 900 euros, no es una ayuda al trabajador como se vende desde el partido morado. Al contrario, es una subvención al modelo económico y empresarial que produce a esos trabajadores pobres que cobran menos de 900 euros. El Estado legisla un salario mínimo y desarrolla leyes laborales que convierten a los trabajadores en pobres, y luego con el dinero de todos le da un subsidio a esas empresas que crean los trabajadores pobres, le da un premio a sus prácticas. El aumento de los beneficios de las empresas crea los pobres y el Estado rescata a esas empresas, aunque nominalmente a quien se le garantiza la renta complementaria es a los trabajadores empobrecidos. Esta medida no tiene nada de social ni de progresista, al contrario, es una medida de traspaso de dinero público a los bolsillos del mundo empresarial, es un parche que no cambia de raíz la insostenibilidad de un mercado laboral que ha vuelto a poner de moda la figura del trabajador pobre, una figura del tardofranquismo que ha visto la luz nuevamente con la excusa de la crisis. Este tipo de incentivos son medidas que hasta ha llegado a defender Albert Rivera, el fichaje estrella del mundo de la gran empresa y del poder financiero, y en su momento Pablo Iglesias lo calificó de “limosnita”. Por su parte, Alberto Garzón habla del Trabajo Garantizado, un plan ambicioso que plantea poner todo el entramado estatal a funcionar para que el derecho al trabajo sea efectivo, como lo es la sanidad o la educación, y de paso sentar las bases de un nuevo modelo productivo que genere actividad económica con capacidad para absorber la masa de trabajadores desempleados o empleados y empobrecidos. La obligación del Estado, desde posiciones progresistas, es legislar y sentar las bases de un modelo productivo para que ninguna empresa pague a sus trabajadores salarios que conviertan a éstos en pobres de solemnidad, no subvencionar con el dinero de los empobrecidos el modelo que produce la pobreza. “Tú empobreces, yo pago”, viene a ser la lógica de la renta complementaria de 900 euros que defiende Pablo Iglesias y que en su momento también defendió Albert Rivera. La ideología sirve para estas cosas, para tener claro que quieres construir una casa e ir poniendo los ladrillos para que la obra se vaya pareciendo más a la casa que deseas, y no vender que quieres vender una casa cuando terminarás viviendo en una chabola. Los trabajadores que ganan menos de 900 euros no necesitan ninguna renta complementaria, lo que necesitan es que se derogue la reforma laboral y que el Estado legisle y siente las bases para que ninguna empresa pague a sus empleados un salario de miseria. En otras palabras, la obligación de un Estado democrático, social y de derecho es legislar y poner las bases productivas para que no haya nadie que cobre menos de 900 euros, no subvencionar encima a las empresas que producen la miseria.