Nadie podrá reprochar al Gobierno andaluz falta de coherencia con los postulados educativos de la derecha, cuya apuesta ideológica por la escuela privada financiada con fondos públicos y conocida como concertada ha sido asumida por el nuevo titular autonómico de Educación.

En efecto, Javier Imbroda presentó ayer al Consejo de Gobierno el borrador de los nuevos criterios que regularán la admisión de alumnos en los centros educativos andaluces y cuyo “objetivo principal es facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, acorde con las características y el proyecto educativo del mismo y adaptado a sus necesidades y preferencias.

Aplauso de la patronal

Para la patronal Escuelas Católicas, que integra al 70 por ciento de los colegios concertados de Andalucía, el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos va en la buena dirección.

Según ha declarado su secretario general, Carlos Ruiz, al diario ABC de Sevilla la anterior administración “estaba castigando a la clase media”, todo lo contrario que la actual: “Valoramos de forma muy positiva la intención que subyace en la Consejería de Educación, el primar que los padres puedan elegir libremente el colegio que quieren para sus hijos”.

Advertencia de la izquierda

Al revés opina el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, que ya en enero pasado, en declaraciones a La Sexta, advertía lo siguiente: "Quienes defendemos la educación pública vemos que va a estar amenazada. Independientemente de la personalidad de Imbroda, sus políticas van a ser una agresión contra la escuela pública y nos van a tener en frente. La educación –añadía– es clave para el modelo social, según tengamos la educación, así tendremos el futuro para los ciudadanos”.

Ayer mismo, Maíllo incidía en la misma idea advirtiendo de la inminente “demolición de los centros escolares como espacios de integración social”. Los planes de Gobierno son “un subterfugio para promocionar la educación privada”.

El exconsejero socialista Antonio Ramírez de Arellano también tiene sospechas sobre las verdaderas intenciones del nuevo Gobierno: "No habrá libre elección de centro. Es inviable. El asunto es evitar que sean los centros los que elijan a los alumnos. La obligación de la Administración es garantizar la igualdad y evitar la segregación y la discriminación", escribía ayer en su cuenta oficial de Twitter.

El baremo

Una de las opciones que maneja la Consejería de Educación es incluir en el baremo de escolarización en Primaria que los alumnos “hayan ido al último curso del Primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) en centros autorizados por la Junta de Andalucía”. 

Al no ser obligatoria la educación Infantil, y no tener por tanto cobertura presupuestaria pública en todo el territorio, las familias con más recursos económicos estarán en mejores condiciones de llevar a sus hijos al centro que desean porque podrán matricularlos previamente en Infantil, pagando esa educación de su bolsillo.

En todo caso, el consejero Imbroda también se ha comprometido a negociar el futuro decreto educativo con todos los sectores implicados.