La noticia la ha adelantado esta semana el digital InfoLibre y la confirma hoy una nota oficial de la Fiscalía Provincial de Sevilla según la cual el Ministerio Público ha iniciado “la incoación de diligencias de investigación que tienen por objeto la posible existencia de un fraude de ayudas públicas obtenidas por una sociedad en la que, juntamente con al menos otra persona física, aparecería como socio D. Francisco Serrano Castro”. 

Juez de profesión condenado en su día por prevaricación, Francisco Serrano fue el cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre pasado. Actualmente es el presidente –más nominal que real– del grupo parlamentario de extrema derecha, cuyo hombre fuerte es ahora el portavoz Alejandro Hernández.

El comunicado de la Fiscalía subraya que “en el supuesto de aparecer indicios racionales de criminalidad respecto a Serrano se remitirían las diligencias a la Fiscalía Superior de Andalucía, atendida su condición de aforado, prosiguiendo la causa respecto de otros responsables no aforados”.

Según avanzó InfoLibre en distintas informaciones firmada por Ángel Munárriz, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) viene rastreando las andanzas de la empresa Bio Wood Niebla SL, de la que Serrano fue administrador único en 2016 y 2017, por haber inflado su capital con una aportación falsa de maquinaria industrial para así lograr una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto, aunque tampoco ha acabado de construir la fábrica (de combustible a base de madera) para la que solicitó el dinero, cuya devolución le reclama ahora Hacienda.

Según investigaciones de InfoLibre que han documentado en detalle la denuncia apuntada inicialmente por el portavoz de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, “al aportar falsamente esta maquinaria, los socios lograron un préstamo de una cuantía (2,48 millones de euros) que no podrían haber conseguido sin dicha aportación, ya que su capital social sin las máquinas era de sólo 7.000 euros y el máximo que podría haber recibido la sociedad era el triple de dicho capital social”.