Con una semana de retraso sobre ‘el horario previsto’, el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado hoy luz verde definitiva al acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública para aplicar la adversa sentencia del Constitucional que cifra la jornada laboral de los empleados públicos en 37,5 horas, y no en 35 como pretendía la Junta. Dado que la Administración autonómica es competente para autoorganizar la jornada laboral de sus trabajadores, las 37,5 horas semanales se cumplirán pero computando dos horas y media realizadas fuera del puesto de trabajo y sumándolas a las actuales 35, en vigor desde enero pasado­.

¿Qué tareas ajenas al puesto físico de trabajo serán computables? La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno: habrá un catálogo específico para los distintos sectores y niveles de la Administración que ya está ultimado y que será efectivo a partir del 8 de enero, cuando se instaure la jornada habitual ahora suspendida por las fiestas navideñas.

Seguimiento de la jornada

Montero recalcó que el seguimiento de esas 2,5 horas semanales no será distinto al que viene haciéndose para la jornada ordinaria de 35 horas y recordó que el control de la jornada no es igual en todos los servicios públicos. En la Administración general hay que fichar en el reloj de entrada en algunos departamentos, pero no se controla del mismo modo la jornada en la sanidad o en la educación.

En todo caso, el cómputo de las 2,5 horas semanales será anual, como lo es también el cómputo de la jornada ordinaria, y se ocuparán de controlar su cumplimiento los responsables de personal de cada departamento, como ocurre también con la jornada habitual.

Una batalla política

La implantación de las 35 horas ha sido objeto de una dura pugna política. De hecho, la Junta ha retrasado una semana la aplicación de la sentencia del Constitucional para informar al propio TC del modo en que iba a aplicar el fallo judicial. El Gobierno andaluz quería tomar todas las precauciones para no ser acusado de incumplir una sentencia del TC, sobre todo en un momento en que el Gobierno catalán ha convertido en norma ese incumplimiento desencadenando una crisis política de enormes proporciones.

La Junta siempre ha defendido que había margen político y jurídico para aplicar la jornada de 35 horas, algo que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nunca vio con malos ojos, según la consejera Montero. "O me engañaba o cambió de opinión", ha dicho hoy la titular de Hacienda de la Junta, recordando que el Gobierno tardó nueve meses en recurrir la medida ante el TC.

Dos versiones

Fuentes conocedoras del conflicto con Madrid trasladaron a EL PLURAL las conjeturas del Gobierno andaluz sobre lo sucedido: había discrepancias entre Montoro y el ministro de Economía, Luis de Guindos, que finalmente impuso su criterio con el argumento de que la recuperación de las 35 horas habría dañado la imagen de España ante socios europeos como Alemania, donde goza de excelente salud el tópico de que España sigue teniendo déficit y encima se trabaja poco.

Otras fuentes no oficiales, pero muy familiarizadas con el conflicto, piensan en cambio que la Junta podría haber aplicado las 35 horas sin hacer ruido alguno. "Que pregunten en la Universidad, por ejemplo, donde ya se aplica desde hace tiempo las 35 horas sin que eso haya inquietado a nadie", afirmaba este interlocutor. ¿Y por qué no lo han hecho así? "Porque entonces no podrían presumir de haberlo hecho ni, por tanto, obtener rendimiento político a su decisión".

El acuerdo

Según el acuerdo aprobado, 35 horas semanales de promedio en cómputo anual serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las 2,5 restantes, hasta completar las 37,5, se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

Según la Junta, la fórmula acordada con las organizaciones sindicales “garantiza el mantenimiento del empleo para asegurar el nivel de calidad de los servicios públicos, de modo que no habrá despidos ni se rescindirán los contratos realizados durante la vigencia de las 35 horas semanales en la Administración de la Junta de Andalucía”.

En el ámbito sanitario –explica la Junta su página web- se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada manteniendo las 20 horas lectivas y considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en el 2018/2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas.