La agria controversia fiscal que enfrenta al PP de Andalucía con el Gobierno autonómico ha tenido hoy una vuelta de tuerca inesperada al conocerse que la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, ha reclamado formalmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el Gobierno central recupere el impuesto de sucesiones y donaciones, de competencia estatal, y que compense a las comunidades que lo gestionan y recaudan para que no pierdan fondos destinados a la prestación de los servicios públicos.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, lo ha explicado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno: “Le pedimos al Gobierno de Mariano Rajoy que se quede con el impuesto de sucesiones y donaciones y que nos compense para seguir con el buen funcionamiento de los servicios públicos".
Vázquez ha vuelto a acusar al PP que dirige Juna Manuel Moreno de estar "enfrentando a los ciudadanos de unas comunidades y otras, y engañándolos con este impuesto”.
Una PNL en marcha
Simultáneamente, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía llevará al Pleno del próximo jueves una proposición no de Ley (PNL) para pedir al Gobierno de la Nación "que se reduzcan las diferencias entre comunidades autónomas en las tributaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones". Esa PNL reclamará al Gobierno del PP que, "en el ejercicio de sus competencias normativas en materia tributaria, elabore un Real Decreto-Ley, a fin de proceder a una auténtica armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones, dada la actual asimetría".
Es lo que ha anunciado este martes en Córdoba el portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, Jesús María Ruiz, que ha argumentado así la iniciativa: "El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas y vinculado al sistema de financiación de las mismas y, por tanto, debe ser el Estado el que establezca los instrumentos de compensación adecuados a favor de las comunidades autónomas, cuando se adopten medidas que puedan afectar a los tributos cedidos a las mismas y que integren el sistema de financiación autonómica".
Contra el ‘dumping’ fiscal
Para los socialistas, la tributación autonómica del impuesto "ha dado lugar a asimetrías que han propiciado el llamado 'dumping fiscal', lo cual es un perjuicio al principio de equidad en la financiación de los servicios públicos básicos y ocasiona efectos perversos sobre la financiación".
En opinión de Ruiz, “el PP ha inducido de forma premeditada a la confusión, para generar la idea de desigualdad en la aplicación del impuesto, dando a entender que una gran mayoría de la población andaluza que hereda va a verse sometida a la aplicación de este impuesto".
