La Fiscalía Superior de Andalucía ve fundados los argumentos de la Asociación Defensor del Paciente para solicitar una investigación penal del brote de listerioris que se ha cobrado la vida de dos personas e infectado a más de un centenar.
La Fiscalía Superior ha informado hoy de la apertura de diligencias penales sobre la crisis alimentaria, también investigada por la Fiscalía Provincial de Sevilla a raíz de una denuncia de la Junta de Andalucía por la supuesta venta por una empresa sevillana de carne contaminada con marca blanca, pero también fabricada por Magrudis como otros productos cárnicos contagiados por la bacteria.
El Ministerio Público está analizando la documentación adjuntada por los denunciantes y ha solicitado la actuación de oficio de la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior.
El escrito enviado por la Asociación Defensor del Paciente a la Fiscalía el pasado 17 de agosto, un día después de entrar en vigor la alerta sanitaria, reclamaba una investigación de oficio apelando al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), "que nos obliga a los que por su cargo profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".
La asociación pedía conocer "los controles de calidad que había realizado la Junta de Andalucía" y mostraba su preocupación por "la desidia con la que se ha transmitido esta situación a la ciudadanía".
Para Defensor del Paciente, las medidas del Gobierno andaluz fueron mínimas y las declaraciones públicas tanto del presidente como de otro miembros del Ejecutivo restaban “importancia” a la situación y tendían a “minimizarla”.
