El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite la ampliación de querella del PSOE por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia sanitaria en la provincia. El PSOE ha ampliado la querella inicial interpuesta por Podemos añadiendo los posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad.
Tal como ha adelantado la Cadena Ser tras tener acceso a la providencia, el juez ha acordado llamar a declarar en calidad de investigados al exgerente del hospital Puerta del Mar, Sebastián Quintero, y al jefe de compras en Cádiz del servicio andaluz de salud, Demetrio González.
En su denuncia, los socialistas sostienen que la situación que generó la pandemia del coronavirus no justifica cómo se estiró el sistema de contratación sanitario a dedo más allá del periodo de emergencia y también denuncian el fraccionamiento de contratos. Así, consideran que se ha hecho un “mal uso” de la figura jurídica de la tramitación de emergencia porque este procedimiento es un régimen “excepcional” que debe limitarse a lo “estrictamente indispensable”.
Se basan en los informes de la Intervención que concluyeron “la presencia de un idéntico modo presuntamente corrupto de contratar, a dedo, bienes y servicios sanitarios bajo la modalidad de la contratación de emergencia y sin aplicar las preceptivas reglas del procedimiento administrativo que garantizasen la debida publicidad y concurrencia, así como la debida conformación del precio de los contratos públicos”.
Cabe recordar que un juzgado de Córdoba también tomó una decisión similar a la que se ha tomado en Cádiz para investigar esta operativa de contratos a dedo. Y un juzgado de Sevilla, en cambio, archivó la investigación que estaba llevando al respecto.
El archivo en Sevilla
Esta decisión en Cádiz se tomó el mismo día en el que en Sevilla, el juzgado que investigaba los mismos hechos pero en la capital andaluza, tomó la decisión de archivar la investigación. El juzgado de Sevilla consideró que no había indicios de culpabilidad en los tres gerentes del SAS denunciados, Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
PSOE y Podemos presentaron sus querellas en septiembre de 2024 y, tras algo más de un año de instrucción, el magistrado encargado ha considerado que se debe proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa, considerando que no hay "elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.
Entre los motivos para archivar esta causa, el juez de instrucción expuso en su auto que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.
Concretamente, las denuncias presentadas por PSOE y Podemos cifraban en 243 millones de euros el valor total de los contratos que están siendo analizados. No obstante, y pese al archivo de la causa en Sevilla, siguen adelante las investigaciones que se llevan a cabo en los tribunales de Córdoba y Cádiz.
