El Gobierno andaluz de PP y Cs ha vuelto a incumplir el pacto suscrito por ambos partidos en diciembre de 2018 que los comprometía a nombrar a los directivos públicos “por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo”.
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el nombramiento de Lourdes Fuster como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Fuster era hasta ahora subdirectora general de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), adscrita también a la Consejería de Agricultura, cargo al que llegó en 2019, tras haber ejercido como abogada en representación de la acusación del PP la macrocausa de los ERE.
La letrada del partido sustituye a José Cara, cuya destitución era cuestión de tiempo dada su imputación en el caso Halsa de corrupción política, cuando era alcalde del municipio almeriense La Mojonera. La instrucción del caso experimentó un significativo avance en septiembre pasado, cuando se conocían informes policiales que acreditarían la supuesta existencia de una caja B con la que se habrían pagado hasta 7 millones de euros en comisiones o mordidas a cambio de ajducaciones municipales.
Altos cargos y directivos
La responsabilidad que ocupará Fuster se ajusta a lo que el propio acuerdo de PP y Cs definía como directivo público: “Los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales, además de otros puestos con funciones directivas que ahora son nombrados libremente por el Gobierno”. El IFAPA es precisamente un ente público instrumental de la Junta: lo que el vocabulario de PP, Cs y Vox definía despectivamente como “chiringuitos”.
El nombramiento de Fuster se ha conocido hoy, pero en realidad fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de diciembre, aunque el portavoz del Ejecutivo no lo mencionó en su comparecencia pública de ese día.
"Estupor" en el PSOE
Sobre el cese y el nombramiento en el IFAPA, el portavoz de Agricultura del PSOE en el Parlamento andaluz, Gerardo Sánchez, reaccionaba en estos términos: “Se trata de un cese que el Grupo Socialista había solicitado debido a su condición de imputado por delitos de corrupción en su etapa como alcalde de la Mojonera en Almería. En el colmo de del esperpento –añadía el diputado socialista–, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín, anunció una demanda de Cara ante mi petición de su dimisión en el trascurso de un debate en el Pleno del Parlamento”.
Para Gerardo Sánchez, “causa estupor que para tan importante responsabilidad se elija a alguien cuyo único mérito es haber sido una de las abogadas del Partido Popular en la causa judicial de los ERES y que ha visto con este cargo cómo se ve recompensado su trabajo a costa del bolsillo de todos los andaluces”.
También recalcaba el diputado que “Fuster ya fue nombrada subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en un oscuro concurso del que todavía no sabemos qué baremación utilizaron pese a que la hemos solicitado de forma reiterada”.
En el juicio de los ERE, Fuster formaba equipo con el letrado Luis García Navarro, a quien en julio de 2018 el consejo de administración de Canal Sur destituyó como secretario adjunto, cargo por el que cobraba 65.000 euros al año por una supuesta "exclusividad" que, como evidenció el proceso judicial, nunca existió.
