La sentencia condenatoria de los ERE ha dado respuesta a muchas preguntas, de hecho a las más importantes, pero ha dejado no pocas incertidumbres en el aire. Una de ellas es esta: ¿a quiénes exactamente reclamará por la vía civil la Junta de Andalucía la devolución de los 680 millones de euros que la Audiencia de Sevilla considera malversados al haber sido otorgados mediante un procedimiento ilegal?

El vicepresidente Juan Marín y el portavoz Elías Bendodo han intentado responderla en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero sus explicaciones han resultado insuficientes para los periodistas presentes en la sala o que siguieron la comparecencia por ‘streaming’ y a quienes ambos mandatarios han pedido “paciencia” porque el embrollo es extraordinariamente complejo y sus antecesores socialistas no solo habrían ideado un sistema ilegal, sino que además habrían complementado esa fechoría inicial adoptando con posterioridad medidas que hicieran imposible la recuperación del dinero.

Pocos datos

Aunque será la Consejería de Presidencia quien coordine y canalice las acciones legales que emprenderá la Junta en un futuro aún por concretar, fue el vicepresidente Marín quien llevó el peso de la rueda de prensa. No fueron muchos, sin embargo, los datos aportados por el líder naranja, que remitió a los periodistas a la comparecencia que tendrá la semana que viene el consejero de Hacienda, que será quien finalmente los desvele.

Más allá del argumentario político, implacable con quienes fueron sus socios hasta hace poco más de un año, Marín aclaró pocas de las muchas dudas que le plantearon los medios. Prácticamente, el único dato aportado fue este: a la Junta le restan por pagar 37 millones de euros hasta 2025 en ayudas sociolaborales. ¿A cuántos trabajadores? Marín no lo dijo.

Sí dejó claro, en cambio, que la Junta de Andalucía no reclamará ni un céntimo a los cerca de 6.000 trabajadores –todos los beneficiarios salvo unos ”200 intrusos”– a cuyos bolsillos ha ido a parar efectivamente el grueso de los 680 millones repartidos ilegalmente, según la sentencia.

Beneficiarios lícitos y amiguetes

Marín lo explicó con estas palabras, nunca hasta ahora pronunciadas por ningún miembro del Gobierno ni dirigente de PP o Ciudadanos:

“Los que lo han cobrado lícitamente no van a tener que devolver nada, pero sí tendrán que hacerlo empresas, intrusos, amiguetes del PSOE… Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde".

En realidad, la Junta de Andalucía ya viene ejercitando la acción civil, fruto de la cual ha sido la recuperación hasta octubre de 2018 de cerca de 7 millones de euros. Marín tampoco dijo saber cuánto ha recuperado el actual Gobierno en el año largo transcurrido.

Contra las empresas

La aclaración del vicepresidente sobre los miles de beneficiarios “de buena fe”, cuyo número exacto no reveló, es relevante porque parece desmentir la doctrina mantenida durante nueve años por el PP y desde hace uno por Cs: que los socialistas habían “robado 680 millones de euros a los parados andaluces”. Marín dijo que la acción civil irá dirigida, además de los 19 ex altos cargos concenados, “contras las empresas”, verdaderas beneficiarias de las ayudas, según la sentencia.

Según datos de la instrucción de la causa que deberán confirmarse en el centenar y medio de juicios pendientes, a los 680 millones del total de ayudas sociolaborales a prejubilados 'lícitos' habría que restar unos 12 que habrían cobrado los falsos trabajadores conocidos como intrusos, los 66 que se pagaron en sobrecomisiones a aseguradoras y mediadoras y los 75 destinados directamente a empresas o instituciones, no a trabajadores.

Una tarea muy, muy difícil

El vicepresidente explicó que las consejerías de Hacienda y Empleo están elaborando las instrucciones para reclamar el dinero por la vía civil, aunque admitió que “será muy, muy difícil” su recuperación. ¿La razón de tal dificultad? Que la presidenta socialista Susana Díaz "se encargó de tejer una tela de araña” para impedir que el dinero defraudado regresara a las arcas públicas.

Se refería Marín con tan grave acusación, compartida por Bendodo, a que el anterior Gobierno de Andalucía, a través del Gabinete Jurídico, se había retirado como acusación de la pieza política de los ERE y había solicitado el archivo de la misma, aunque sigue personada en las causas pendientes de instruir y juzgar, correspondientes a cada una de las ayudas.

"Si Díaz hubiera actuado pensando en el interés de los andaluces, todos los exaltos cargos tendrían sus bienes embargados y parte del dinero se podría recuperar", dijo Marín. En verdad, la cantidad que habría podido recuperarse por esa vía sería insignificante, pues, aunque las fianzas exigidas a los ex altos cargos eran muy elevadas –más de ocho millones a Antonio Fernández, unos cuatro a José Antonio Griñán, más de seis a José Antonio Viera…–, el patrimonio de los condenados apenas cubriría una mínima, en muchos casos ínfima, parte de lo reclamado por la justicia.

Políticos y letrados

Marín reprochó a Díaz que, al retirarse la Junta como acusación, “cerró la puerta a que el procedimiento pudiera seguir por la vía penal”, de manera que hay que abrir un nuevo procedimiento por la vía civil, algo que “no será posible hasta que no haya sentencia firme del Supremo”.

Aquella estrategia jurídica, según Marín, fue una decisión política del Gobierno andaluz, no una decisión técnica del Gabinete Jurídico. Preguntado insistentemente si la decisión socialista de recurrir se había tomado en Consejo de Gobierno, Marín dijo no saberlo, pero garantizó en el nuevo Gobierno sí la llevaría a Consejo.

La insistencia de Marín en cargar sobre las espaldas de Díaz la petición de archivo de la pieza política se aviene mal con el testimonio de los propios letrados de la Junta que firmaron el recurso contra el procesamiento de los ex altos cargos, Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco. En declaraciones este martes al diario ABC de Sevilla, Gálvez recalca que, aun después de haber conocido la sentencia condenatoria de la Audiencia, mantendría la misma estrategia jurídica que entonces.

La letrada aclara que, aunque la Junta solicitó el sobreseimiento, hizo “reserva de la acción civil, lo que ha permitido iniciar diversos procedimientos de recuperación de fondos a través del Tribunal de Cuentas y en causas que todavía han de ser juzgadas”. En caso contario, sostiene Gálvez y sostenía el recurso, “la reclamación de cantidades tramitadas de forma irregular se habría demorado hasta la existencia de una sentencia firme y en caso de absolución ni siquiera eso”.

Un proceso largo

El reproche del actual Gobierno a su predecesor es que la estrategia procesal adoptada entonces impide reclamar por la vía penal el dinero a los condenados, además de obligar a la Junta a abonar al menos parcialmente la minuta de sus letrados. Aun así, la cantidad que cabría recuperar de todos ellos sería apenas calderilla comparada con los 680 millones malversados.

El Gobierno andaluz tiene buenos motivos para pensar que la recuperación del dinero llevará “muchos años” porque, además de que hay que esperar al fallo definitivo del Supremo, son muchas las causas pendientes por instruir. La propia sentencia de la Audiencia de Sevilla lo explicaba así, citando a la Fiscalía:

“Tras el dictado del auto de división de piezas de fecha 9 de noviembre de 2015, solo se han dictado cuatro autos de PROA [procedimiento abreviado] que ya han sido calificados por esta Fiscalía, de las cuales, tres están ya en el órgano de enjuiciamiento pendientes del dictado de auto de admisión de pruebas y fecha de señalamiento. Del resto, hasta unas aproximadamente 270 piezas, se han incoado formalmente tras la presentación de atestado unas 104, pero sólo se han practicado diligencias de instrucción en el Juzgado en aproximadamente unas 35 piezas, en la que figuran como investigados, supuestos intrusos, mediadores de seguros, empresarios, letrados, conseguidores, representantes sindicales, además de ex altos cargos de la Junta, algunos de los cuales ostentan en esta causa la condición de encausados”.