No hay congelación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, lo único que hay es una "interpretación malintencionada" de los planes de la Consejería de Igualdad.

Así lo ha sostenido hoy la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que ha aclarado que la Junta está a favor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado ayer por el Congreso, pero que su percepción es incompatible con la de la renta autonómica porque así lo estipula el decreto que la regula , aprobado en 2017 por el Gobierno de Susana Díaz.

Ruiz ha insistido en que es preciso cambiar la normativa para hacer compatibles ambos subsidios, eliminando así el "obstáculo" legal que ahora lo impide.

Más allá de las palabras de la consejera, en la comunicación remitida ayer por su departamento a los ayuntamientos la Consejería de Igualdad se afirmaba textualmente: "Desde las delegaciones territoriales de esta consejería, a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el IMV, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía".

Alcaldes, formaciones de izquierda, organizaciones sociales y ONG interpretaron, en opinión de Ruiz de forma malintencionada, esa comunicación oficial como una paralización o congelación de las peticiones de renta autonómica.

En su aclaración hoy a los medios, la consejera no niega que vaya a tener lugar tal congelación, pero asegura que se debe a la necesidad da armonizar ambas ayudas, no a ninguna pretensión de la Junta de bloquear la entrada de nuevos beneficiarios a la red autonómica, bajo cuyo paraguas se acogen actualmente algo más de 15.000 familias.