El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue sumando argumentos que dan la razón a Ecologistas en Acción para haberle concedido el Premio Atila por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

A la controvertida Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), diseñada según los ecologistas y la oposición de izquierdas “para desregular el sector y favorecer los intereses especulativos”, se suma ahora el decreto ley de 9 de junio de medidas urgentes y extraordinarias para favorecer el turismo y la dinamización educativa y cultural frente a la pandemia: una denominación que a nadie haría sospechar que esconde un giro de 180 grados en la filosofía regulatoria y restrictiva que inspira la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

"Es una barbaridad"

Según ha adelantado el diario Público.es en una información firmada por Raúl Bocanegra, el decreto se carga la previsión que recogía la LOUA de que, para poder edificar en suelo rural no urbanizable y en suelos de especial protección, los planes urbanísticos debían recoger expresamente los usos y actos posibles.

A partir de la entrada en vigor el pasado día 9 del nuevo decreto ley, que aún deberá convalidar el Parlamento, en suelo no urbanizable solo quedan prohibidos los usos y actos que el planeamiento incluya de manera expresa como tales. Y para el suelo no urbanizable de especial protección, aquellos que sean incompatibles con el nivel de conservación del lugar en cuestión.

Para la vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera, “si es verdad, es una barbaridad". El mensaje publicado en su cuenta de Twitter por la también titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico añade: "Mientras se plantea proteger suelos agrarios, tal como se hace con aquéllos de alto valor ambiental, Moreno incluye en un decreto covid una reforma urbanística que permite edificar lo que no esté prohibido expresamente”.

Expertos en urbanismo consideran que habrá una reducción drástica de los controles ambientales por parte de la Administración, porque, “al autorizarse la construcción sin la necesidad de que ese desarrollo quede recogido en un plan urbanístico, no se requerirá una evaluación ambiental”.

Como se sabe, ya en la futura LISTA se contempla, según sus críticos, un regreso al ladrillazo en toda regla: la vuelta a un urbanismo a la carta que elimina el régimen de suelo no urbanizable y lo sustituye por un régimen de suelo urbano y suelo rústico donde la planificación del urbanismo podrá ser gestionada sin trabas por actores privados.

Andalucia y Madrid, de la mano

El recuerdo de la Marbella de Jesús Gil está muy presente en los reproches ecologistas a la nueva normativa andaluza. Tanto Andalucía como la Comunidad de Madrid, gobernadas ambas por PP y Cs con el apoyo de Vox, están optando sin complejos por relajar los controles urbanísticos para favorecer la construcción: un sector que garantiza la creación de empleo, pero cuyo crecimiento descontrolado propicia las burbujas inmobiliarias y provoca daños irreversibles en la sostenibilidad medioambiental. 

En efecto, la presidenta madrileña también está apostando por la construcción como estrategia para superar la crisis económica provocada por el coronavirus. Isabel Díaz Ayuso apuesta por liberar suelo: su Gobierno remitió en mayo a la Asamblea de Madrid una trascendental reforma legislativa mediante la cual se suprimirán la mayoría de las licencias urbanísticas para sustituirlas por una declaración responsable.

En la misma línea, en la exposición de motivos que justifican el decreto ley anticovid el Gobierno andaluz pone en cuestión la actual “planificación obsoleta” y afirma que "mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas".

Por ello, argumenta el decreto, "la única solución inmediata aboca en prohibir sólo los usos y actos" recogidos "expresamente en el planeamiento y, para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección", lo cual contribuirá “al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural".