Aunque ha cosechado algún éxito importante, como su absolución en la causa relativa al cobro de su indemnización millonaria al dejar Abengoa, el calvario judicial de su expresidente Felipe Benjumea está muy lejos de haber terminado.
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla lo sitúa como investigado (antes imputado) en la causa incoada por presuntas irregularidades y delitos en el desarrollo del proyecto Ave Meca-Medina. Además de Benjumea, están igualmente investigados los exejecutivos Jesús Ángel García-Quílez y Gonzalo Gómez García.
El juez da curso así a una querella de la Asociación de Perjudicados de Abengoa que apunta a los presuntos delitos de falsedad de las cuentas de dos filiales de la multinacional sevillana. Según los querellantes, “se habrían manipulado de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos incurridos en los mismos", emitiendo “facturas ficticias en las contratos simulados y alterando o manipulando flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real".
Como se sabe, Abengoa está actualmente en concurso voluntario de acreedores tras no prosperar su última operación de reestructuración, al acumular a cierre de 2019 una deuda global de alrededor de 6.000 millones de euros.
El último susto judicial de Abengoa tenía lugar el pasado 13 de abril, cuando agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron por orden judicial la sede de la multinacional. Benjumea apeló contra aquel registro, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la orden del juez instructor Ismael Moreno al entender que estuvo "suficiente y adecuadamente motivada".
Más suerte ha tenido, en cambio, Felipe Benjumea en otro de sus frentes judiciales, el relativo a su sociedad Inversión Corporativa, con la que la familia llegó a controlar Abengoa. A principios de este mes de septiembre un juez de lo mercantil de Sevilla le daba la razón a Benjumea frente a los bancos Santander, Sabadell, Bankinter, CaixaBank y Unicaja al aceptar como devolución de un préstamo de 100 millones de euros unos terrenos urbanizables a las afueras de Sevilla, el denominado polígono Buen Aire, situado junto a la Autovía del Sur en su salida hacia Córdoba.
Los bancos, no obstante, recurrirán ante la Audiencia de Sevilla la decisión del juez, al entender que el verdadero valor de dichos terrenos es de 10 millones de euros y no de 104, como sostiene la tasación presentada por Inversión Corporativa.
En cuanto al caso AVE, según el auto del juzgado, de fecha 7 de septiembre, el "objeto real" de la causa es "el esclarecimiento de si ha existido manipulación o falseamiento de las cuentas de las entidades a las que se refiere la denuncia, relacionadas con los proyectos del Ave Meca-Medina, realizados por el departamento de Ferroviaria y que habría tenido como objeto la instalación de cableado de catenaria, para la alimentación del tren Ave Meca-Medina; y la construcción de subestaciones eléctricas para transformar la alimentación suministrada a la catenaria" y otras instalaciones del mencionado tren.
Igualmente, según informa Europa Press, la investigación está destinada a comprobar "si hubiera existido alguna simulación relacionada con las facturas emitidas por la empresa Nicsa, que a su vez es también filial del grupo Abengoa".
En el marco de dicha investigación judicial, la acusación particular ejercida por la Asociación de Perjudicados de Abengoa solicitó el pasado 2 de septiembre la inclusión como investigados del expresidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea; del exdirector financiero de la entidad Jesús Ángel García-Quílez y de Gonzalo Gómez García como director general de Instalaciones Inabensa; reclamando además la práctica de una serie de diligencias de investigación.
