Patricia Fernández Franco es la segunda juez que reclama a la Junta de Andalucía las actas de todos los Consejos de Gobierno celebrados durante un prolongado periodo de tiempo.

La primera fue Mercedes Alaya, que en 2011 ganó la batalla en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción tras negarse inicialmente el Gobierno de José Antonio Griñán a entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001. La instructora quiso conocer de primera mano las actas durante su investigación de la macrocausa de los ERE.

El motivo para que otra juez haga ahora lo mismo –reclamar las actas de los Consejo de Gobierno celebrados entre 2005 y 2015– es la investigación judicial sobre los avales y préstamos por valor de más de 80 millones de euros desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la empresa Isofotón.

Declarada en concurso de acreedores, Isofotón fue creada en 1981 en Málaga para el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación y comercialización de energía fotovoltaica. La justicia ha hallado indicios de posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.

Préstamos, avales e incentivos

En el auto dictado en julio pasado, la magistrada cifraba en 37,3 millones de euros los avales otorgados a Isofotón, aunque esta y sus empresa participadas recibieron en total más de 80 millones de fondos públicos entre 2005 y 2012, "a través de avales e incentivos directos a fondo perdido".

Tramitada tras a petición de la Fiscalía, en esta ocasión la petición de la juez Patricia Fernández Franco abarca periodos presidenciales de Manuel Chaves, José Antonio Griñán –ambos condenados en el caso de los ERE– y también Susana Díaz, que ocupó por primera vez el cargo de presidenta en septiembre de 2013.

En el caso de Alaya, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción –dependiente del Trobunal Supremo– consideró que las actas eran públicas y no tenían carácter de documento secreto ni reservado, tal y como estipulaba la ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso Isofotón, también están investigados en la causa, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, los exconsejeros Francisco Vallejo –igualmente condenado en el caso ERE–, Antonio Ávila y Martín Soler, pero no así la expresidenta Díaz. En total hay 38 personas imputadas, 12 de ellas ex altos cargos socialistas.

El requerimiento del Juzgado de Instrucción número tres ha trascendido hoy a través del diario ABC de Sevilla, tras recibirse la providencia judicial este mismo miércoles en la la Consejería de Presidencia, que dirige Elías Bendodo.

Un precio simbólico

Según recoge Europa Press, el juzgado instructor, IDEA concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".

Tras el citado relevo societario, "Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.".

Según la investigación judicial, que guarda ciertas similtudes con la llevada a cabo por Alaya en el caso de los ERE, "los avales otorgados por la agencia IDEA presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas".

Entiende la juez que la agencia IDEA "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón", mientras SOPREA, como filial de IDEA, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, "pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea".